Aunque en nuestro
blog, solo se han ido dejando pistas sueltas de nuestro direccionamiento futuro,
como espacio de pensamiento, reflexión e innovación, para acciones de cambio. En
esa idea, adelantamos que dentro de nuestro espectro de corto plazo, existe un proyecto
denominado Inngobernando, el cual se enfoca a constituirse en un teatro de
acciones innovación para mejorar los niveles de gerencia pública.
Relacionado con
Inngobernando, es necesario ir planteando elementos conceptuales sobre lo que
significa gobernabilidad en el arreglo institucional de Colombia. Para tal
efecto, queremos compartir esta reflexión que realiza el profesor Hernando Roa.
Teniendo en cuenta la
complejidad de la problemática de la gobernabilidad democrática contemporánea y
la incidencia que en su tratamiento tienen el manejo interdisciplinario de la
historia, la antropología, la economía, la política, el derecho, la sociología,
la administración, la administración pública, la geografía, la psicología, el
psicoanálisis, la lingüística y el trabajo social, nos ocuparemos de precisar
las siguientes conceptualizaciones: ciencia política, Estado, modernización del
Estado, partidos políticos modernos, liderazgo político democrático, sistema
político, gobernabilidad democrática, paz, cultura de la paz, psicología,
psicología social, y desarrollo sostenible. La experiencia académica me indica
la gran utilidad que, para el abordaje y compresión de la democracia
participativa y la problemática de la gobernabilidad democrática, tiene el
precisar y discutir el conjunto de las conceptualizaciones propuestas.
Ciencia política.
Es una disciplina social que se ocupa del estudio sistemático de: el Estado; de
la problemática de la legitimidad; de la estructura del poder; de la
composición de las clases y los estratos sociales; de la organización de los
partidos políticos y los movimientos sociales; de los procesos electorales; del
funcionamiento de los grupos de presión; del proceso de la toma de las
decisiones; de la gobernabilidad; de la paz y la solución de los conflictos; y
de la problemática del liderazgo, en espacios y tiempos determinados.
Estado. Es la
más importante institución política de la vida contemporánea. Según mi
percepción, es la institución jurídico-política, que, integrada por los poderes
ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, es racionalizadora de los
intereses generales. Es la Institución de las instituciones; la Organización de
las organizaciones.
En cuanto a lo
jurídico, anotemos que el ordenamiento social, fundado en la justicia, susceptible
de coacción y ordenado al bien común, en que consiste el derecho, es
soporte sustantivo para la constitución y el desarrollo de un Estado
democrático.
Modernización del
Estado. La concibo como un proceso político, social, económico, cultural,
ambiental, administrativo, y científico-técnico dirigido a la actualización y
fortalecimiento del papel del Estado, mediante el replanteamiento de los
procesos de la regionalización, la descentralización, la planificación y la
democratización . Ocupémonos de estos procesos.
En torno a la
regionalización en Colombia, notemos que el desempleo y la pobreza exigen
la utilización eficiente de nuestros recursos entre los diferentes estamentos
sociales. Observemos que la problemática de la regionalización está íntimamente
vinculada con la ubicación espacial del “ordenamiento del orden social”
(Nourse, Hugh, 1969). Por ello, la regionalización de la planificación debería
servir para alcanzar los beneficios del desarrollo; fortalecer la democracia de
participación; generar empleo y facilitar el acceso de los más pobres a los
servicios de agua, electricidad, salud, educación y transporte.
Complementariamente,
el papel de las regiones, debidamente reglamentado, debería permitir el
desarrollo de las políticas de los recursos de inversión pública; integración y
fortalecimiento del sistema urbano-regional; desarrollo y crecimiento de las
economías regionales y coordinación de objetivos de planes nacionales,
regionales, departamentales y locales. De otro lado, no debe olvidarse que los
Consejos de Regionalización sirvieron -dentro de ciertos márgenes- para
incrementar la estabilidad política; reducir el centralismo e impulsar la
eficacia del sector público a nivel local.
Tomada en su
conjunto, la descentralización buscó la redistribución del poder en los
diferentes niveles territoriales de la Nación. Redistribución que ha sido
planteada en las dimensiones político, administrativa y fiscal.
En cuanto a la
fiscal, se esperaba alcanzar el fortalecimiento económico de los municipios a
partir de la adecuada consecución de sus propios recursos (Ley 14/83) y la
transferencia de rentas (Ley 12/86). Estas disposiciones fueron complementadas
con la Ley 60 de 1993 donde se definen competencias y recursos, actualmente considerada
como la Ley de la descentralización en Colombia. En virtud de esta Ley, la
Nación se desprende del 38% de sus recursos en 1994; del 39% en 1995 y del
41,5% en 1996, para ser transferidos a sus entidades descentralizadas
territorialmente. Tales recursos deben destinarse a la atención de la inversión
social en salud, educación, vivienda, agua potable y recreación. El criterio
que inspira esta disposición, es fortalecer el nivel local.
En la dimensión
político-administrativa, hemos realizado la elección popular de gobernadores y
alcaldes, quienes son las principales autoridades ejecutivas en las entidades
territoriales. Con estas medidas se ha buscado el equilibrio regional y, por
supuesto, un nuevo tipo de relaciones intergubernamentales que pueden designarse
como un ordenamiento de asociaciones. En virtud de este ordenamiento, el
municipio queda facultado para negociar y gerenciar las condiciones óptimas
para su desarrollo con los ciudadanos, los municipios, los departamentos, las
regiones de planificación o con el gobierno central. Según las nuevas
relaciones intergubernamentales, se habilita al gobierno central para asociarse
con el municipio, a través de los departamentos, en aspectos de cofinanciación,
asesoría, planificación o de apoyo.
Sinteticemos: En
cuanto a la regionalización se refiere, observemos que ella debe responder a
una reorganización espacial del territorio evitando la continuación de las
irracionales disparidades existentes entre nuestras regiones. Parece claro que
el proceso de descentralización (fiscal, político-administrativo y técnico) fue
concebido para redistribuir el poder (político y económico); buscar equilibrios
regionales y crear un nuevo tipo de relaciones entre el gobierno central, las
regiones, los departamentos y los municipios.
Complementariamente,
la planificación debe ser una herramienta indispensable para la
racionalización de la gestión e inversión públicas. Un estadista contemporáneo
la emplea con flexibilidad para realizar sus proyectos políticos. Y en
cuanto a la democratización, es un proceso complementario de los
anteriores que debe permear la actividad de los ciudadanos y facilitar la
existencia de una nueva cultura política. Con la elección popular de alcaldes y
gobernadores y la de las Juntas Administradoras Locales (J.a.l.), hemos logrado
avances que deben aclimatarse con más intervención de la sociedad civil en las
decisiones que afectan sus intereses.
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