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DIFERENCIA DE ACTORES, PERO EL MENSAJE ES EL MISMO

Respetados amigos de CEIURBANO, es loable la tarea que intentan realizar compartiendo elementos que, proporcionen visiones distinta de lo que los medios y los gobiernos plantean, frente a temas de gran coyuntura para los Colombianos, y en especial para los que vivimos en las regiones periféricas.

En días pasados leí, el artículo escrito por el ex Senador Amilkar Acosta y la critica que ustedes hacen a la propuesta de las FARC sobre reordenamiento. Al respecto observó lo siguiente:

Primero. Las “ocho propuestas mínimas para el ordenamiento y uso territorial” que plantean las Farc en los diálogos de paz, no deberían ser desestimadas por venir de quienes vienen, pues de cualquier modo señalan aspectos básicos que, si desconocemos como nación y como integrantes del planeta, pasarán a archivarse y conducirán a que no tengamos ni paz, ni tierra en donde disfrutarla.

Aunque los pacifistas aborrezcamos el uso de las armas y el hambre de personajes que se han enceguecido con el poder, hoy se han convertido en Narco-Terrorista-comandantes o viceversa; las consideraciones de las Farc podrían ser en cierto sentido razonables.

Segundo. Plantear que es necesario un reordenamiento territorial en el que las prioridades sean el agua y la protección de sus fuentes, la seguridad alimentaria, la delimitación de la frontera agrícola y la disminución de la ganadería extensiva, No es descabellado. Podría uno pensar que este planteamiento, es que estos guerrillos trasvestidos, han comprendido, después de sus intentos de crianza de ganado en tierras de los Llanos, que la ganadería extensiva es un desastre. Es curioso este planteamiento, por que el extensionismo cuasi feudal, que tanto han criticado, ellos lo han implementado para sostener sus estructuras.

No hay que olvidar que este planteamiento tiene un discurso que sustenta que nuestro país las guerras han involucrado al territorio (y todavía ni siquiera hemos tenido en consideración a una de sus protagonistas: el agua). Y en las últimas décadas las tierras han pasado a manos de unos grandes señores con ejército propio, que en la consolidación de la tenencia espuria produjeron más de cuatro millones de desplazados y medio millón de refugiados que aún trashuman por las calles y por los países vecinos. Las Farc, y ese es uno de los meollos de la guerra, también han mantenido su feudo con las armas. Si ahora están dispuestas a salirse del eterno círculo, habría que oír qué tienen que decir a este respecto.

Tercero. En sus planteamiento, requieren como sustancial, la reflexión sobre el punto que sugiere: “… derogar la Resolución 0045 de junio de 2012, por medio de la cual se declaran como áreas estratégicas para la gran minería una importante parte de la región amazónica y un alto porcentaje de zonas de tradición y vocación agrícola”.

Todos sabemos que estas reservas biodiversas del planeta no aguantarían el embate de la gran minería depredadora. Si estos dirigentes de las Farc que conocen la manigua refrendan la advertencia, hay que oír con cuidado. Después de todo, también son colombianos, y la historia los ha puesto a vivir una experiencia que bien utilizada le puede ser muy útil al país una vez pasado el proceso, doloroso y complejo, de reparar los daños e incorporarse al cauce de unas futuras elecciones democráticas.

Como ven hay cierta coincidencia en lo fundamental, tanto en el artículo que ustedes publicaron, como en el planteamiento básico de las FARC,  en ambos y con diferencias, se hace un llamado sobre el gran vacío que existe, por darle un norte al tema de ordenamiento territorial. Quiero aclarar que el artículo publicado plantea elementos técnicos y la propuesta de las FARC es discursiva y propia del amarillismo de una mesa de negociación.

Finalmente redondeo mi reflexión es que venga de donde venga el mensaje, lo inocultable en Colombia, es que se requiere que el ordenamiento territorial, se vuelva parte de la agenda de los Gobiernos y se discuta con todos los Colombianos.

Jhon Fredy Arbelaez

Florencia (Caqueta)

Ing. Catastral

Nota CEI: Esta nota no compromete ni comulga con nuestra convicciones frente a la posición adoptada en días pasados por nuestra organización  Sin embargo, consideramos que era oportuno darle paso a la visión de ciudadanos que han vivido de cerca el conflicto y que pueden tener una visión distinta o agregar elementos al debate que se requiere frente al Ordenamiento Territorial.  

Imagen 14 de Febrero

¡SINTRACARBÓN, a la defensa de la dignidad Guajira!

Esta nota, fue elaborada por Imelda Daza Cotes, para el diario el Pilón

El extractivismo desbordado que se observa en Latinoamérica no puede continuar, es irracional. Las explotaciones mineras a cielo abierto atentan contra la naturaleza y ponen en peligro la sobrevivencia de millones de habitantes. El desarrollo minero sostenible se sustenta en mitos. Vivimos en un planeta con recursos limitados, finitos y con una población y un consumismo que crecen infinitamente. Esa ecuación no tiene solución. La alternativa no es otra que la reducción del consumo de materia y energía si no queremos que el planeta colapse.

En Colombia hay que frenar el holocausto ambiental que las voraces transnacionales y la irresponsabilidad social de sucesivos gobiernos vienen provocando. La locomotora minera es más bien una aplanadora que arrasa, contamina, saquea los recursos naturales y a la par, explota sin clemencia la escasa mano de obra que emplea.

El costo ambiental y social de las explotaciones mineras es enorme, los efectos negativos son de tal cuantía que en realidad los proyectos mineros  sólo son económicamente viables cuando no existen controles ambientales, ni laborales, es decir, cuando las comunidades y los trabajadores afectados son silenciados, sus demandas no son atendidas y nadie asume la responsabilidad por el deterioro. Los beneficios económicos derivados de las explotaciones se logran entonces a costa del bienestar de los dueños de esos recursos que no son otros que los ciudadanos colombianos. Se habla con insistencia y con razón de la “maldición de los recursos naturales” y de Ecocidio generalizado.

Después de 30 años de extracción intensiva de su carbón, La Guajira sigue siendo un departamento afectado por muchas carencias, la infraestructura de servicios es mínima y los conflictos sociales son múltiples; un 57,4% de los pobladores son pobres y el 28% vive en la miseria. La injusticia social es aberrante.

La mina de carbón El Cerrejón operada por Carbones del Cerrejón Limited, propiedad de Anglo American, Xstrata-Glencore y BHP Biliton, tiene una historia marcada por un daño ambiental que se ve y se padece pero que no ha sido evaluado suficientemente; fuentes de agua y aire contaminados, pérdida de autonomía alimentaria, desplazamientos obligados, desarraigo, abusos, engaños y  atropellos flagrantes  contra muchos pobladores de La Guajira. La empresa ocupa unos 13 mil trabajadores, de los cuales sólo un 40% son directos, los demás son vinculados a través de terceras empresas (contratistas) con salarios más bajos y derechos laborales limitados.

Los trabajadores directos organizados en SINTRACARBÒN vienen cuestionando las políticas de la empresa, no sólo en materia laboral sino en todas las áreas. Se han opuesto al proyecto de desviación del río Ranchería, han  exigido mayor responsabilidad social con las comunidades desplazadas y aplicación de métodos de operación que atenúen el daño ambiental y frenen los efectos sobre la salud de los habitantes de la región y de los trabajadores. Igualmente reclaman respeto para las comunidades ancestrales cuyos derechos elementales han sido conculcados, así mismo piden la vinculación directa  y respeto a los derechos de los llamados trabajadores “tercerizados”. Las peticiones del sindicato comprenden por supuesto mejoras salariales y en los servicios de salud. Durante más de 15 años los ajustes salariales han sido inferiores a la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Los costos laborales de la empresa son apenas del 6.5% del total de costos mientras la tasa de rentabilidad supera el 25%. Son muchos los trabajadores afectados por enfermedades laborales ocasionadas por las malas condiciones de trabajo, los riesgos profesionales son altos y no hay programas de medicina preventiva.

Desde noviembre pasado el sindicato venía discutiendo con una Comisión Negociadora un pliego de peticiones. A pesar del interés de los representantes de los trabajadores por lograr acuerdos, la Comisión se mostró intransigente y eso obligó a los trabajadores a hacer uso del legítimo derecho a la huelga como mecanismo de protesta y de presión. A partir del jueves pasado paralizaron sus labores en la mina. Están en todo su derecho. Sus peticiones deben ser atendidas. Sus reclamos laborales, de respeto al medio ambiente y a los derechos del pueblo guajiro son  humana y socialmente legítimos, por eso  merecen todo el respaldo ciudadano. ¡Así se defiende la dignidad de un pueblo!

La nota de hoy, ha querido hacer eco a las palabras, pensamientos y sentimientos de cientos de ciudadanos del Cesar y la Guajira, frente a la crisis de la locomotora minera en estos dos Departamentos, a raíz del paro de trabajadores en el Cerrejón. Este Eco se quiere hace por cuanto, en muchos medios del país, la notica del paro se ha superficializado, hasta el punto de llegar a decir que: no se levantaba el paro por que hacía falta por firmar un trabajador miembro de la comisión. Que el interés del paro es aumento en los sueldos, que es un tema meramente salarial. Afirmaciones que no son ciertas y que los trabajadores siguen parados y exigiendo temas de fondo, más allá de lo simplemente salarial.

Con mayor información disponible, los Colombianos tendremos mayor opción de  reflexionar y tomar posiciones frente a la realidad de nuestro país. 

La calentura no está en las Sábanas, parte II

Hace dos semanas hemos venido realizando una suerte de movilización frente a la crisis del sector ambiental, insistiendo que la situación debe aprovecharse para dar un debate de fondo con ajuste en la agenda pública del país, sin embargo las posiciones y declaraciones de agentes del gobierno nacional, muestran una suerte de incrementalismo que no apuntan a realizar un ajuste en el arreglo institucional. Hoy vemos que la posición nuestra, no es tan descabellada, es decir, que afirmar que la calentura no esta en las sábanas, tiene eco en muchos sectores del país. Es nuestro deber como sociedad civil, seguir militando en estas causas, por tal motivo,  hoy queremos compartir con ustedes el editorial del diario El Espectador, donde se hace eco a las distintas voces que se han generado vía  Twitter, facebook, etc.

Diario el Espectador, 13 de Febrero de 2013.

Se oye decir, no desde hace poco tiempo, que la consulta previa con las minorías étnicas de este país se ha convertido en “el palo en la rueda” para el desarrollo social y económico de Colombia.     Es un dicho. No sólo de los funcionarios estatales y los empresarios interesados, que lo repiten bastante, sino también de la opinión dominante. Actitud que, de lado y lado, resulta discutible.    

 La consulta previa es un mandato constitucional y de derecho internacional que pide una sola cosa: consultar con las comunidades étnicas acerca de los proyectos que a ellas afectan. Un mandato expreso que tiene varios propósitos: el primero y más obvio es el reconocimiento, no sólo de la existencia de las minorías, sino del derecho que las asiste a defender su visión del mundo, hasta el punto de no aceptar alguna política pública. Mal haría un gobierno en imponerle a una comunidad un estilo de vida que riña con sus creencias o sus ritos ancestrales. 

Pero la consulta no sólo sirve para frenar proyectos, como ciegamente se cree (aunque a veces resulte verdad), sino sobre todo para enriquecerlos: ampliar sus contenidos, ofrecer salidas, mostrar las cosas desde otra óptica.  Esto en la teoría. En la práctica, sin embargo, es verdad que se ha convertido, muchas veces, en un foco de clientelismo, favores, mafias y negocios por parte de algunos representantes de las mismas minorías étnicas, en connivencia, por supuesto, con sus pares estatales. Se volvió un círculo vicioso que hay que romper pronto. Sin embargo, muy afanoso se ve el Gobierno en culpar al instrumento mismo y no a la práctica desviada. Y tiene afán, justamente, porque sus proyectos están quedados: la ley de desarrollo rural, la reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR), la reforma del Código Minero y el decreto de acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales son iniciativas del Ejecutivo muy retrasadas en los tiempos legislativos.     Y se oye, repetimos, el dicho fácil de que la norma se ha vuelto “el palo en la rueda”. Pero no. El enfoque debe cambiarse. Parte de lo que hace buena a una gestión pública son los aprendizajes, no el avasallamiento de las barreras. Uno de esos aprendizajes, que ya debería estar memorizado (y que César Rodríguez nos lo recordó ayer en estas páginas), fue ese exitoso intento de incluir a las minorías dentro del decreto ley de reparación a los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, en una consulta previa que incluyó, organizadamente y por etapas, las visiones propias de las comunidades afectadas.    

 El argumento en contra podría ser el tiempo: ese proceso ocupó, para el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros, un año entero. Si se quisiera ahorrar tiempo debería consolidarse una práctica protocolaria similar: depurar las organizaciones no representativas de las minorías, concertar mesas de negociación serias, fortalecer al Estado en estos temas, con gente capacitada para ello y que entienda la razón de ser de la consulta previa, entre otras medidas que el mismo Gobierno está en capacidad sobrada de formular.     Insistir en querer hacer leyes o modificar la esencia del instrumento de consulta previa es un error. Y lo es, mucho más, cuando se lo etiqueta como un freno para el desarrollo. Gracias a ese tipo de normas es que puede haber un desarrollo que redunde en el bienestar social de todos los colombianos, incluidas, por supuesto, las minorías. Atacarlo sería un retroceso inimaginable en cuanto a lo que se ha avanzado en términos de derecho y reconocimiento.     Olvidado en este debate está el dicho de que “la calentura no está en las sábanas”. Y sí. El tan mentado “palo en la rueda” está en otra parte bien distinta.

Let's prepare for our new climate

En algunos espacios de disertación se ha considerado que el cambio climático es una tendencia o moda, que lo que se vive es un ciclo normal. Para reflexionar sobre ello compartimos el siguiente video
http://youtu.be/8Z24LCysq3A

Pesca en río revuelto y una crisis

A raíz de la denuncias hechas por la W frente a los problemas que enfrenta el licenciamiento ambiental de proyectos, se han venido desatando sistemáticamente una andanada de noticias, que nos indica que el país puede estar al borde de un ajuste en el arreglo institucional ambiental. 

Sin embargo, esta visión puede ser lógica y hasta inocente. Pero esta vision puede cambiar después de leer a Paul Krugman, quién recientemente publicó un artículo, donde esboza como las elites inciden en los  ejercicios de gobiernos, a fin de generar nuevos ordenamientos que faciliten sus intereses.

En esa urdimbre de noticias y de hechos, hemos impulsado un activismo en las redes sociales, llamando la atención para que esta crisis generada en el sector ambiental ( cuya gota rebosante fue drummond)  no se convierta en una excusa para abolir al sector ambiental y el derechos de las minorías. Podría parecer insensato nuestro llamado de atencion, sin embargo hay evidencias  que muestran que detrás de esta crisis, hay intereses que quieren pescar en rio revuelto. Por ejemplo el grupo gerdau de Brasil, dueño del proyecto  minero de San Juan del Cesar (Guajira) manifiesta que cancela el proyecto, por que ha considerado inoportuno el desgaste que producen las consultas previas. Los concesionarios del tramo 1 de la ruta del Sol, culpan al sector ambiental de los retrasos que vive.

En esta pesca en rio revuelto, hoy compartimos un articulo escrito por Cesar Rodrgiuez (Diario El Espectador), en el cual se refleja la situacion que se vive en el país: 

En un infortunado artículo , anuncia El Tiempo que varios ministros se reunirán mañana con la Corte Constitucional para “buscar salidas a la maraña jurídica” de las consultas previas. Enredo que tendría “paralizado” el desarrollo del país, porque leyes como el Código Minero están pendientes de consulta.     En el artículo compiten las faltas gramaticales con la falta de conocimiento del tema. 

Lo primero es problema del periódico. Pero lo segundo es un problema nacional: a pesar de la importancia del tema, se sabe muy poco sobre cómo operan las consultas y qué han hecho los gobiernos al respecto. Ante la ausencia de información confiable, han medrado los mitos sobre la consulta.     El primero es que el lío ha sido obra de la Corte, que “ha puesto freno a estos procesos que tienen estancado valiosos proyectos”, como dice la noticia de marras. En realidad, lo que ha hecho la Corte es aplicar la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, que establecen el deber de consultar con las comunidades étnicas las leyes y los proyectos económicos que las afectan. Y ha exhortado una y otra vez a los gobiernos a fijar reglas adecuadas para evitar la repetición de las tutelas que siguen llegando por abusos de todo tipo, como los de empresas mineras que compran el consentimiento de unos cuantos indígenas y lo hacen pasar por consulta.     De modo que la incertidumbre de las reglas es responsabilidad del propio Gobierno. En esto, ha continuado el legado de la administración Uribe, que, tras la caída de la Ley Forestal por falta de consulta en 2008, anunció, pero nunca formuló, una regulación legal del tema. Si a esto se suma la constante rotación de funcionarios en la Dirección del Grupo de Consulta y la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, se entiende la raíz de la improvisación. Para solucionarla, no hace falta una ley, sino protocolos que retomen las reglas generales fijadas por la Corte, organicen los procesos y fortalezcan la capacidad estatal para hacer consultas.   

  El segundo mito es que las comunidades indígenas y negras “han querido convertir la consulta en una especie de ‘veto’ y escenario de ‘negociación’”, según El Tiempo. La realidad es otra. Es posible llegar a acuerdos cuando la consulta es previa, libre e informada y garantiza los derechos de las comunidades. De hecho, un logro notable del gobierno Santos es el decreto ley de reparación a los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, que resultó de un proceso genuino de consulta con la Mesa de Concertación indígena que duró buena parte de 2011.     Además, si ha habido clientelismo de sectores étnicos minoritarios —como los que controlaban la antigua Alta Consultiva de Comunidades Negras—, ha sido con anuencia de los gobiernos. El intercambio de favores —yo te firmo la consulta si tú me ayudas con un viático — tuvo su punto más alto en el gobierno Uribe. Afortunadamente, el ministro Fernando Carrillo ha venido limpiando la casa, y las organizaciones étnicas legítimas (como la ONIC, Cimarrón y muchas otras) nunca han entrado en ese juego.     El último mito es que la consulta es el “palo en la rueda” del desarrollo, como han dicho algunos ministros. En realidad, ante la falta de políticas ambientales serias, el derecho a la consulta ha servido para desacelerar proyectos y leyes que habrían tenido un impacto desastroso sobre el medio ambiente y las comunidades étnicas. Por ejemplo, si los indígenas y afros no hubieran invocado la consulta, la Sierra Nevada estaría atravesada por líneas férreas que llevarían el carbón al Caribe, con el riesgo que está a la vista en el caso Drummond, y la Ley Forestal de Uribe habría concesionado los bosques del país.     Es cierto que hay que mejorar las consultas. Pero no se puede avanzar sobre la base de mitos.

¿será exagerado pensar en una pesca en río revuelto, en la crisis del sector ambiental?

Imagen 11 de Febrero

A propósito de la discusión entre el Alcalde de Bogotá y el Ministro de Vivienda, les compartimos este video de Majora Cartera, una activista urbana.

http://www.youtube.com/watch?v=gQ-cZRmHfs4&sns=em

El Ordenamiento Territorial; un tema sin sur y sin norte

Nuestro País nunca deja de sorprendernos, resulta que en el marco de las mesas de diálogo  de la Habana, el grupo de bandidos de la FARC, nos resultaron con pretensiones de convertirse en un miembro asesor del DNP, por cuanto, no hacen sí no distraer el diálogo, generando toda clase o suerte de propuestas, que según ellos ungen como líneas políticas públicas. 

La última de ellas,  le presentan al país una propuesta de re ordenamiento territorial, con grandes líneas orientativas sobre el uso del suelo. En ella se logra colegir, un desconocimiento o desprecio tal vez, por todo el arreglo institucional vigente. 

El país no ha logrado absolver o resolver todas las dudas y los vacíos que se dejaron con la LOT, para ahora venir a discutir este tema con bandidos.

Frente a la LOT y el OT, el día de hoy, queremos compartirles un escrito del ex Senador y Ex Ministro de energía, Amilkar Acosta, en el cual se evidencian elementos del limbo, en el que hoy Colombia se encuentra

Tratándose de ordenamiento territorial, hay una gran imbricación entre los aspectos entre el territorio propiamente dicho, el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico. De allí que sea tan pobre el abordaje del tema por parte del Gobierno, que tiene una visión recortada y reduccionista de las regiones al limitar el concepto a lo meramente territorial. De allí que, no obstante que la Constitución política reconoce que Colombia es un país de regiones, el Gobierno se contenta con hacer referencia solo a ‘porciones’ del territorio en vez de hablar de regiones, que son mucho más que eso. Se cae en tecnicismos estériles al definirlas en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos como “zonas homogéneas en su condición de desarrollo endógeno”, que en lugar de cohesionarlas las fragmenta. Más perverso aún es procrear esas ‘porciones’ de territorio con el espejismo de los recursos que le dispensaría el Gobierno central solo en la medida que se organicen como tales e identifiquen proyectos estratégicos de beneficio común.

El Gobierno y el Congreso de la República malograron la oportunidad de desarrollar los preceptos constitucionales atinentes al ordenamiento territorial, al expedir una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) que se quedó en los enunciados de la propia Constitución sin avanzar en su desarrollo, como era de esperarse.

Del ambicioso proyecto de LOOT al que aspiraba el país quedó poco, pues fue reducido a su mínima expresión. El fallo de la Corte Constitucional de la demanda de inexequibilidad es muy diciente al respecto, al manifestar claramente que en el trámite de la LOOT se presentó un caso de “omisión legislativa absoluta”, razón que esgrimió para declararse inhibida por no existir texto susceptible de analizar. Además, exhortó al Congreso de la República para que regule lo relativo a las RET y este ha hecho caso omiso de este llamado. Esta es una asignatura que ha quedado pendiente.

De los 40 artículos de los cuales consta la Ley 1454 de 2011, 20 ya están contenidos en otras leyes, por lo cual esta otra resultaría inútil e inoficiosa. Para que la Nación le pueda delegar funciones a los entes territoriales y para que estos se puedan asociar no se necesita de ley alguna; con las que ya están vigentes lo pueden hacer. Como diría el poeta León de Greiff, “todo no vale nada y el resto vale menos”. Esta ley es una burla a las regiones, en especial a los 2.5 millones de ciudadanos de la Región Caribe que se manifestaron en las urnas en marzo de 2010.

El Gobierno y el Congreso estaban ante la disyuntiva, dado el eclecticismo de la propia Constitución, que por un lado ofrece el camino de darles atribuciones y competencias a las regiones a través del artículo 288 y por el otro el de la delegación de funciones por parte del Gobierno central para la prestación de servicios a su cargo prevista en el artículo 356. Uno y otro camino conducen a destinos diferentes: el primero hacia la autonomía que reconoce la Constitución y el otro hacia la desconcentración de funciones. Todos a una, como en Fuenteovejuna, Gobierno y Congreso de la República se fueron por la línea del menor esfuerzo, el de la delegación de funciones, para lo cual no hacía falta la LOOT. De esta manera dejaron desarmadas a las regiones, a merced del poder omnímodo del Gobierno central.

La autonomía regional no es una entelequia, y la lucha por ella no es un embeleco. No se trata de un capricho. La figura de la Asociatividad territorial, que fue a la que le dieron la mayor preeminencia en la LOOT, no suple la de la integración regional (antes fueron la ADT). No se puede hablar de autonomía cuando esta se limita a la delegación de funciones por parte de la nación a la región. Se requiere que esta tenga atribuciones propias que pueda ejercer. Para que la autonomía regional sea operativa, efectiva, se requiere de la institucionalidad; esta es la que le da entidad, perdurabilidad y consistencia. Es absurdo, además, plantear la constitución de regiones de planeación y gestión (RPG), como lo dispone la LOOT, en lugar de las regiones administrativas y de planificación (RAP), que son las previstas en la Carta.

Pero, es entendible por qué pretenden suplantar la integración regional por la Asociatividad de las ‘porciones’ de territorio y las RAP por las RPG, pues mientras a través de la integración se gana en poder de interlocución, la Asociación es flor de un día, es un matrimonio de conveniencia momentánea, y mientras las RAP tienen vocación de constituirse en Regiones como Entidades Territoriales (RET), a las que le temen como el diablo a la cruz, las RPG no pasarán de ser un ente tecno-burocrático más.