Desde estas tribunas queremos reconocer
la admiración que tenemos del Dr. Fernando Carrillo, por su gran conocimiento y
estudio de la constitución de 1991; tal vez de los pocos Colombianos, que han
hecho análisis del diseño institucional.
Sin embargo, hoy día como
Ministro, muestra hechos y elementos que parecen alejarlo de los análisis que
ha realizado como catedrático y como otrora, columnista del Espectador.
En su última columna para el diario
el espectador, por allá en el 2011, el Dr. Carrillo discutió el activismo
judicial que ha caracterizado a la Corte Constitucional y nos invita a pensar
acerca de “(…) por qué han sido inferiores los roles que han desempeñado el
Ejecutivo y el Legislativo en la construcción de una política social cuya
brújula —en los temas más complejos de nuestra realidad— ha tenido que pasar
por una decisión de la Corte”.
Alguna inferioridad sí que la hay. En
los últimos datos disponibles la inequidad, medida a través del coeficiente de
Gini, es más alta que 1990 mientras que la informalidad, el desempleo y el número
de Colombianos en situación de pobreza han aumentado (esto en términos de número
de habitantes, lo cual es explicable que nuestra población a aumentando ostensiblemente
en las dos ultimas décadas), contrario a lo que soñaron los constituyentes hace
20 años.
Aceptemos, en el marco de estas
cifras y con el ánimo de desarrollar el saludable debate al que convido el Dr.
Carrillo, quién planteó que, el fracaso es atribuible a que dos de los tres
órganos del poder público han sido inferiores a los mandatos sociales de la
Carta. ¿Por qué? cabe preguntar ¿esta inferioridad en los órganos ejecutivo y
legislativo?. Creemos que, de aceptar la premisa, habría dos grandes familias
de explicaciones, tal y como lo planteo en algún momento el ex ministro Alberto
Carrasquilla.
La primera sería atribuible a la
misma Carta. En términos simples, en ella se habría concebido mal la
arquitectura institucional necesaria para asegurar el logro de sus propios
objetivos. En esta tesis, la Carta habría definido imperfectamente las reglas
que definen la conformación y el rol específico de los órganos ejecutivo y
legislativo; por ejemplo sus reglas electorales, la lógica de sus procesos
decisorios y la asignación de sus respectivas responsabilidades.
La segunda familia de explicaciones
se basaría en la idea de que la arquitectura institucional es plenamente
consistente con el logro de la equidad y demás objetivos sociales, pero es un
edificio que le ha quedado grande a los hombres y a las mujeres de carne y
hueso que lo hemos habitado durante estos 20 años.
Conteniendo granitos de verdad
indudable, ni la una ni la otra nos parecen plenamente convincentes. Sin embargo
lo que llama la atención es que el Dr.Carrillo, hoy es flamante Ministro de eso
que èl criticaba. Para nosotros no es convincente el argumento del hoy Ministro
por cuanto, nuestro diseño constitucional básico –un régimen presidencial con
separación de poderes, bicameralismo, régimen unitario descentralizado, reglas
electorales que enfatizan el respeto por las minorías—ha sido ensayado total o
parcialmente a lo largo y ancho del mundo, y ha demostrado ser perfectamente
consistente con el avance social y el progreso.
De otra parte, no es muy responsable
plantear que los ciudadanos, al amparo de una arquitectura institucional
estupenda, opten por elegir personas incapaces una y otra vez (que pensaran los
gobernadores y alcaldes, con los que hoy el ministro, hace gala de establecer
canales de comunicación directa). Un reiterado problema de selección adversa
hablaría muy mal del diseño mismo del proceso democrático colombiano y por ende
volvería a poner la responsabilidad del lado de la Constitución. Sin embargo
hoy el señor Ministro que criticaba esta segunda familia, plantea cosas que
contradicen su postulado. Algunos ejemplos de sus postulados: re-elección de Alcaldes
y Gobernadores, abolir la circunscripción electoral (tal vez para cerrarle el
paso a que Uribe se unja como jefe de la oposición desde el Congreso).
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