Sí algún Colombiano revisa los
distintos informes de ejecución en los tres niveles de gobierno, encuentra que
nuestro país, es un territorio es altamente social. El porcentaje promedio en
la composición del presupuesto tiene como referente entre el 55-60%. Esto indicia
que el 55%-60% del presupuesto está dirigido al gasto público social.
Sin embargo, este dato al
convertirse en información muestra que este porcentaje del presupuesto, parece
insuficiente, cuando se observan datos sociales como por ejemplo, (según cifras
consultadas en fuentes como el DANE y algunos estudios académicos), en Colombia
hay 2.500.000 familias sin viviendas, la población rural tiene tasas de
cobertura en APSB por debajo del 60%, la continuidad del servicio de agua
potable en los centros urbanos no supera en promedio las 12 horas de 24 horas,
la tasa de embarazos en adolescente está por encima del 15% (la segunda más
alta de Suramérica), la inversión en ciencia y tecnología es del 0,47% del PIB
(la tercera más baja de Suramérica), la cobertura en salud es en promedio del
80% (incluido régimen subsidiado y no subsidiado), en educación superior la
cobertura promedio es del 22%, en básica primaria es del 92% y en secundaria
alcanza al 90%.
Sobre las cifras en nuestro país,
existen reparos y dudas, debido a las grandes asimetrías que existen. Por lo
tanto, nuestra intención con referencia los anteriores datos, no es el de hacer
un informe de evaluación sobre resultados, pero si queremos indagar primariamente,
en la relación gestión pública y gasto social.
En los informes que se han
publicado por algunos sectores productivos y la OCDE, surge un elemento transversal
en la relación gestión pública y gasto social. Este se refiere a que el consumo
de recursos en programas aumentando y aparentemente los avances en resultados
no han sido proporcionales. Por ejemplo gran parte de la educación pública, tiene
la categoría de gasto social. Sin embargo, una y otra vez, los exámenes
nacionales e internacionales muestran que los niños asisten a las escuelas
colombianas durante ocho y diez años y, al final, no saben leer y no pueden
realizar las operaciones matemáticas más elementales.
Aumentar el gasto social, sin
ninguna precisión sobre su contenido y su calidad, hace parte del discurso de
muchas personas que se proclaman dotadas de sensibilidad social. Al respecto
consideramos, que bajo esta consigna en los 1102 municipios y 32 Departamentos
del país, se destinan más del 55% de su presupuesto, al llamado gasto social (aquí
hay que considerar los mandatos normativos que exige el SGP).
La Constitución de 1991, con
las mejores intenciones, protege únicamente el monto del gasto social. Nada
dice de los resultados exigidos de dicho gasto. Pero los gastos que sostienen a
un sistema escolar que no educa, o un sistema de servicios públicos que no
entrega bienes y servicios con calidad; es difícil que se reduzcan las brechas entre
los pobres y los ricos. Desde hace varias décadas, a partir de los trabajos de
Marcelo Selowsky en 1979, se ha comprobado, una y otra vez, que muchos de los
subsidios que hacen parte del gasto público social no llegan a los pobres, aquí
cobra importancia la intención del gobierno nacional de concentrarse en controlar
la entrega de los bienes y servicios.
Ahora, si cualquiera hace un
recorrido por el país, encuentra que la discusión sobre gasto social y resultados,
están ausentes del debate público. Esta ausencia tiene a nuestro juicio tres
elementos visibles: primero en las regiones, lastimosamente la discusión se
concentra en el concreto de las obras y si el mandatario ejecutó o no ejecutó
el presupuesto, pero nadie revisa la calidad y los resultados de las
ejecutorias. Segundo, en los gobiernos locales y departamentales, existe una
acefalia prominente a establecer resultados claros en sus ejecutorias y no
existe medición alguna. Tercero, los sistemas de presupuesto no cumplen con tres
objetivos: asignación eficiente de recursos, contribución al equilibrio fiscal
e impulso de la eficiencia operativa en las agencias ejecutoras. Sin embargo,
los actuales sistemas se caracterizan por la asignación del presupuesto con
enfoque inercial, por centrarse principalmente en las instituciones e insumos y
no en los servicios, y por el débil uso de la información de desempeño en la
toma de decisiones, principalmente aquella generada por el seguimiento y la
evaluación.
Para llenar este vacío, se han
presentado propuestas y sugerencias que insisten, además, en la necesidad de
establecer un sistema de evaluación que muestre cuáles son los aciertos y
cuáles son los programas sociales que no sirven para mejorar las perspectivas
de los más pobres. El camino hacia la equidad exige que el gasto social no sea
sólo un gasto más del presupuesto.
Algunas de estas propuestas, no
son o reciben tanta publicidad en el concierto general del país, pero que vale
la pena impulsar con mayor esfuerzo, algunos de estos esfuerzos son: Sinergia
Territorial iniciativa de la dirección de seguimiento y evaluación de políticas
públicas del DNP. CEDE de la universidad de los andes con su iniciativa de
estudio de gastos público y equidad social en Colombia (CEDE, documento 09,
Gasto público y movilidad y equidad social, Andrés Escobar y Mauricio Olivera).
BID, iniciativa de trabajo de
presupuesto por resultado y calidad de vida (leer los documentos elaborados por
Jaime Bonet y Juan Gonzalo Zapata).
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