Esta
nota, fue elaborada por Imelda Daza Cotes, para el diario el Pilón
El extractivismo desbordado que se observa en Latinoamérica no
puede continuar, es irracional. Las explotaciones mineras a cielo abierto
atentan contra la naturaleza y ponen en peligro la sobrevivencia de millones de
habitantes. El desarrollo minero sostenible se sustenta en mitos. Vivimos en un
planeta con recursos limitados, finitos y con una población y un consumismo que
crecen infinitamente. Esa ecuación no tiene solución. La alternativa no es otra
que la reducción del consumo de materia y energía si no queremos que el planeta
colapse.
En Colombia hay que frenar
el holocausto ambiental que las voraces transnacionales y la irresponsabilidad
social de sucesivos gobiernos vienen provocando. La locomotora minera es más
bien una aplanadora que arrasa, contamina, saquea los recursos naturales y a la
par, explota sin clemencia la escasa mano de obra que emplea.
El costo ambiental y
social de las explotaciones mineras es enorme, los efectos negativos son de tal
cuantía que en realidad los proyectos mineros sólo son económicamente
viables cuando no existen controles ambientales, ni laborales, es decir, cuando
las comunidades y los trabajadores afectados son silenciados, sus demandas no
son atendidas y nadie asume la responsabilidad por el deterioro. Los beneficios
económicos derivados de las explotaciones se logran entonces a costa del
bienestar de los dueños de esos recursos que no son otros que los ciudadanos
colombianos. Se habla con insistencia y con razón de la “maldición de los
recursos naturales” y de Ecocidio generalizado.
Después de 30 años de
extracción intensiva de su carbón, La Guajira sigue siendo un departamento
afectado por muchas carencias, la infraestructura de servicios es mínima y los
conflictos sociales son múltiples; un 57,4% de los pobladores son pobres y el
28% vive en la miseria. La injusticia social es aberrante.
La mina de carbón El
Cerrejón operada por Carbones del Cerrejón Limited, propiedad de Anglo
American, Xstrata-Glencore y BHP Biliton, tiene una historia marcada por un
daño ambiental que se ve y se padece pero que no ha sido evaluado
suficientemente; fuentes de agua y aire contaminados, pérdida de autonomía
alimentaria, desplazamientos obligados, desarraigo, abusos, engaños y
atropellos flagrantes contra muchos pobladores de La Guajira. La
empresa ocupa unos 13 mil trabajadores, de los cuales sólo un 40% son directos,
los demás son vinculados a través de terceras empresas (contratistas) con
salarios más bajos y derechos laborales limitados.
Los trabajadores directos
organizados en SINTRACARBÒN vienen cuestionando las políticas de la empresa, no
sólo en materia laboral sino en todas las áreas. Se han opuesto al proyecto de
desviación del río Ranchería, han exigido mayor responsabilidad social
con las comunidades desplazadas y aplicación de métodos de operación que atenúen
el daño ambiental y frenen los efectos sobre la salud de los habitantes de la
región y de los trabajadores. Igualmente reclaman respeto para las comunidades
ancestrales cuyos derechos elementales han sido conculcados, así mismo piden la
vinculación directa y respeto a los derechos de los llamados trabajadores
“tercerizados”. Las peticiones del sindicato comprenden por supuesto mejoras
salariales y en los servicios de salud. Durante más de 15 años los ajustes
salariales han sido inferiores a la pérdida de poder adquisitivo del dinero.
Los costos laborales de la empresa son apenas del 6.5% del total de costos
mientras la tasa de rentabilidad supera el 25%. Son muchos los trabajadores
afectados por enfermedades laborales ocasionadas por las malas condiciones de
trabajo, los riesgos profesionales son altos y no hay programas de medicina
preventiva.
Desde noviembre pasado el
sindicato venía discutiendo con una Comisión Negociadora un pliego de
peticiones. A pesar del interés de los representantes de los trabajadores por
lograr acuerdos, la Comisión se mostró intransigente y eso obligó a los
trabajadores a hacer uso del legítimo derecho a la huelga como mecanismo de
protesta y de presión. A partir del jueves pasado paralizaron sus labores en la
mina. Están en todo su derecho. Sus peticiones deben ser atendidas. Sus
reclamos laborales, de respeto al medio ambiente y a los derechos del pueblo
guajiro son humana y socialmente legítimos, por eso merecen todo el
respaldo ciudadano. ¡Así se defiende la dignidad de un pueblo!
La nota de hoy, ha querido
hacer eco a las palabras, pensamientos y sentimientos de cientos de ciudadanos
del Cesar y la Guajira, frente a la crisis de la locomotora minera en estos dos
Departamentos, a raíz del paro de trabajadores en el Cerrejón. Este Eco se
quiere hace por cuanto, en muchos medios del país, la notica del paro se ha
superficializado, hasta el punto de llegar a decir que: no se levantaba el paro
por que hacía falta por firmar un trabajador miembro de la comisión. Que el interés
del paro es aumento en los sueldos, que es un tema meramente salarial.
Afirmaciones que no son ciertas y que los trabajadores siguen parados y
exigiendo temas de fondo, más allá de lo simplemente salarial.
Con mayor información disponible,
los Colombianos tendremos mayor opción de
reflexionar y tomar posiciones frente a la realidad de nuestro país.
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