Nuestra reflexión mas allá de los interés que cada gremio y cada gobernante tenga, como en este caso se evidencia, es que están en juego: 44 billones de pesos mas vigencias futuras hasta 2030; la competitividad del país y la ilusión de millones de colombianos. Mirando los toros desde la barrera, en esta materia se viene configurando un típico cuadro de desequilibrio, entre el ejecutar dineros públicos, deliberar sin escuchar y oponer sin mediar. Por un lado el gobierno santos quiere ejecutar los recursos, sin detenerse a reparar los costos de su decisión, se corre el riesgo de no ser efectivo (al estilo plan 2500). Por el otro lado, el gobierno dice que ejecuta este programa, por que ya deliberó suficientemente, pero al parecer no escuchó. El gremio se opone y en algunos argumentos deja ver un interés propio, sobre el cual no quiere ceder. Y en medio de todo este desequilibrio, estamos los colombianos.
A raíz de nuestra nota de reflexión de ayer, en nuestra cuenta de Twitter, recibimos un mensaje donde nos decían que nuestra reflexión era infundada y que la CCI no tenía reparos al programa de concesiones de cuarta generación, que lo que había era un interés particular de su presidente.
sin embargo el día de hoy, en varios medios escrito se hace la reseña sobre los inconvenientes que presenta el programa en materia técnica y que ademas de cierta manera generan un riesgo sobre los 44 billones de peso que se comprometen con el citado programa.
a continuación le damos contestación publica al mensaje, a través de la siguiente reseña noticioso publica en portafolio y el diario el Tiempo, de hoy 3 de abril de 2013.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), gremio que reúne a ingenieros y contratistas, le solicitó al Ministerio de Transporte y, en especial, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fijar prioridades en la construcción de las nuevas carreteras para evitar que los recursos vayan a proyectos que no son tan urgentes.
Según la CCI, si no se aprovechan los 44 billones de pesos disponibles, se podría frenar la competitividad del país y postergarse la solución para reducir el impacto del cambio climático en la movilidad a través de carreteras con más túneles y viaductos. “No se conoce un estudio que justifique desde el punto de vista del costo-beneficio la priorización de las vías escogidas”, dice la CCI al referirse a las 30 vías que se construirán en los próximos seis años y que aún no han salido a licitación.
De esas, solo cuatro: la perimetral oriental de Cundinamarca, la autopista Girardot-Puerto Salgar, el tramo Mulaló-Loboguerrero y la vía Cartagena-Barranquilla (con una inversión estimada de 4 billones de pesos para unos 550 kilómetros) ya salieron al mercado y desde el 6 de febrero están en etapa de precalificación, a la espera de interesados.
“Tuvimos dos años y medio de debate sobre qué vías se deben construir y mejorar. No podemos abrir una nueva discusión, pues es un tema superado y los resultados ya quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo, que lideró el Presidente de la República y en el que se incluyeron las recomendaciones de los gobernadores”, afirma Luis Andrade, presidente de la ANI.
Por otra parte, para los constructores, en los pliegos de las nuevas carreteras no se fijaron parámetros uniformes para las vías en componentes de ingeniería, como las velocidades de diseño, los radios de curvatura, las pendientes permitidas y las obras de estabilidad y drenaje para terrenos montañosos, ondulados y planos.
“Eso traerá que las nuevas concesiones tengan variaciones sustanciales de un corredor a otro, incluso en tramos conectados entre sí, lo que disminuiría dramáticamente la eficacia de las carreteras”, agregaron. La CCI recomienda que sea el propio Presidente de la República, acompañado de un comité técnico, quien seleccione las vías realmente prioritarias.
El gremio afirma que el país está abocado a aprovechar la coyuntura para construir, ahora o nunca, carreteras eficientes y competitivas. Otra de sus preocupaciones son los litigios, alegatos y conflictos jurídicos que surgirán cuando se licite la construcción de las nuevas carreteras y se encuentren que varios trazados incluyen tramos ya hechos por otro concesionario.
Esta situación, según el presidente de la ANI, se está solucionando. “Tenemos dos salidas legales: que el concesionario nos entregue antes la obra o que lleguemos a un acuerdo para que desafecten esos kilómetros, pero no vamos a tener problema alguno con la superposición de tramos con concesiones adjudicadas”, dijo. Andrade agregó que varios contratos ya superaron el límite de adiciones, por lo que no podrán aspirar a prórroga o a hacer obras adicionales.
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