La Política de vivienda (VIS, VIP); ¿crónica de una política desintegrada?

En reiteradas ocasiones hemos reflexionado sobre el tema del programa de vivienda de interés prioritario (VIP). Nuestra reflexión ha girado básicamente en como una política de este tipo puede coadyuvar a integrar a otras políticas públicas y de esa manera incidir en el desarrollo urbano del país. Sin embargo lo que muestra esta política no es exactamente integración, si no fragmentación, donde lo único que interesa es mostrar resultados de familias recibiendo su vivienda.

Nosotros muy respetuosamente hemos llamado a este fenómeno la operación avispa, un poquito en cada colmena. Así mismo a ello se le ha indilgado un lenguaje que intenta conectar con los ciudadanos y por ello no es raro observar en todas las instancias de este Gobierno, la conjugación del verbo entregar, yo entrego, tu entregas, nosotros entregamos, vosotros entregáis vivienda por todo el país, ello para significar que hasta el ministerio de hacienda y defensa entregan viviendas. (La conjugación de ellos entregan, no tiene cabida)

Ahora para que no parezca como la opinión de unas golondrinas, buscando hacer verano, compartimos lo expresado por el diario el Espectador,  en su editorial del pasado domingo. En esta reflexión editorial, se reconoce que:

·         Más allá de ese tufillo electorero de la conjugación del verbo entrega en materia de vivienda, lo cierto es que la entrega de viviendas para los más pobres de los pobres, que ordena la Ley 1537 de 2012, viene a buen ritmo: el Ministerio tiene proyectado que este año se entregarán cerca de 70 mil casas.

·         Hay que reconocer la celeridad del Ministerio en la identificación de predios y proyectos, y en firmar convenios con cientos de constructores en un tiempo récord.

·         Muchas de las viviendas que se han entregado fueron construidas por empresas privadas, como cajas de compensación, que aceleraron el ritmo de entrega para satisfacer los tiempos del Gobierno.

Ahora en el mismo editorial, se hacen las siguientes reflexiones:

·         Es importante analizar si los proyectos o ciudadelas están dotados de lo que la ley misma denomina como equipamiento social, que no es otra cosa que la presencia de colegios, puestos de salud, centros de primera infancia, centros de formación para el empleo, entre otros.

·         Como contratistas, las constructoras, no necesariamente diseñaron sus proyectos con un enfoque de desarrollo integral urbano. No es claro si las licencias estaban condicionadas a la presencia de este tipo de equipamiento.

·         Gran parte de los proyectos son de más de 500 viviendas, es decir, que estamos hablando de más de mil niños en edad escolar por proyecto, a quienes será complejo ubicar en los colegios existentes en esas zonas. El impacto en tiempo, medio ambiente e infraestructura que implicaría solucionar ese problema con rutas escolares, es alto. Algo similar sucede con los niños menores de cinco años, pues las modalidades institucionales del ICBF presentan déficit. En cuanto a salud, todavía se ven casos en que algunas EPS no reciben traslados o no reciben nuevos afiliados. La dotación para el desarrollo de capacidades para la generación de ingresos brilla por su ausencia y es crítica, pues con las nuevas viviendas vienen unos deberes, como el pago de servicios públicos. Si las familias no pueden pagar estos servicios, podrán ser reportados por las empresas prestadoras a las centrales de riesgo, afectando sus posibilidades de acceder a productos microfinancieros y, en general, sus esfuerzos por formalizarse.

·         Si bien la ley ordena a los respectivos entes nacionales y territoriales fijar prioridades en sus inversiones para satisfacer las necesidades de equipamiento social de las familias beneficiarias, todavía no es claro ese proceso y menos cuando los presupuestos para este año ya están definidos. Cualquier esquema de planeación y anticipación de demanda de servicios sociales, además, se ve restringido por los cortos tiempos del proceso de postulación y asignación de las viviendas. Los beneficiarios, según se ha visto, se anuncian la misma semana del evento de entrega.

·         El impacto de la conectividad es contundente para el crecimiento de un país. Pero antes de pensar en entregar subsidios (de hasta 300 mil pesos por familia) para la compra de computadores, el Gobierno debería concentrarse en pensar a fondo cómo asegurar el equipamiento social. Esa conectividad ambiciosa que pretende el Gobierno se justifica para hacer tareas, no para perder el tiempo por no tener colegio.

Tanto para el espectador como para muchos colombianos, la conclusión es la misma:  El peor efecto no deseado de una política que, como esta, apunta a reducir pobreza, sería que llevara a un aumento en la deserción escolar y el trabajo infantil. Pasar la noche bajo un techo digno y propio es sin duda muy importante. Pero los seres humanos necesitan mucho más que un techo para salir adelante, vivir y crecer en comunidad y superar las trampas de la pobreza.

Los anteriores argumentos, para el ciudadano del común pasan desapercibido en el corto plazo, sin embargo, cuando las externalidades del entorno urbano se empiecen a manifestar se empezarán a preguntar ¿Por qué el gobierno ejecutó de esa manera la política de vivienda? ¿Será que es intencionada esta improvisación? ¿En esta esfera pública como se llega a este tipo de decisiones?.