Con tristeza e impotencia
muchos Colombianos miran, la queja permanente que existen sobre los proyectos
mineros en Colombia. A nuestro Juicio lo de Drummond es una mínima parte, de la
tragedia que viven muchos ciudadanos, como consecuencia de desarrollos mineros.
Lo acontecido en el puerto era
una tragedia anunciada, donde por demás la posición de la ANLA, está acorde al manejo
de la crisis que presenta la situación. Sin embargo, tampoco es justo que la
culpa de la problemática socio-ambiental y económica, en torno a los proyectos
mineros, recaiga sobre el sector ambiental (muchos hablan que es culpa, por que el seguimiento y el control es permisivo). La fiebre no hay que buscarla solo
en la sábanas.
Se considera que lo vivido es
fruto de un proceso de planificación minera que no define claramente las reglas
de juego, de lo que en muchos documentos de política sectorial se denomina
sostenibilidad del sector. A continuación compartiremos algunos elementos que
soportan nuestra afirmación.
Desde la constitución de 1991,
se ha definido el propósito y ámbito de planificación como la finalidad
político institucional más general que rige la labor de planificación y al área
específica de acción de la política pública sobre el cual se toman decisiones,
sean indicativas u obligatorias.
Como bien señala el documento,
Colombia País Minero, Visión 2019, “Como propietario de los recursos del
subsuelo del territorio colombiano, al Estado le corresponde planificar y
prever las acciones que debe realizar para que el aprovechamiento y manejo de
los mismos sea el más adecuado”. Este señalamiento identifica una primera gran
aproximación al ámbito de planificación, y debiera entenderse como todo aquello
que asegure el mejor aprovechamiento y manejo de los recursos minerales. Se
trata de la planificación de la acción del conjunto del Estado frente a este
recurso del que es propietario, es decir, se trata de una planificación en
función de su papel de administrador del recurso en representación de todos los
colombianos.
Esta naturaleza está ratificada
en la normativa que rige la acción de la UPME (Decreto 225 de 2004), que señala
que a ésta le cabe la responsabilidad de planear de forma integral, indicativa
y permanente el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros del país.
La planificación minera abordada por la UPME establece que: el propósito es
proveer una visión estratégica, indicativa, de cómo hacer para que la
administración de los recursos mineros redunde en su mejor desarrollo y
aprovechamiento.
En este contexto se trata de
una planificación referida a la función global de administración del recurso que
le cabe al Estado como conjunto, y no al que le pueda caber a cada una de las
instituciones del Estado, entre las cuales esa función de administración
general pueda estar repartida.
Las definiciones anteriores
ayudan a precisar el objetivo último que se persigue con la definición de lineamientos
estratégicos para la administración del recurso: asegurar el mejor desarrollo y
aprovechamiento de los recursos mineros del país, con el objeto de que de ello
se derive el mayor bienestar posible para todos los colombianos.
Esto lleva a la pregunta obvia
de qué es una buena minería para el país. Pues sería un obviedad postular, en
nuestras sociedades actuales que cualquier minería es beneficiosa para la
sociedad. El definir esto es justamente una función de política, pues podrá
variar en el tiempo, lo relevante efectos metodológicos es que se señale cual
es el referente del mejor aprovechamiento, hacia el cual se va a direccionar
estratégicamente la administración del recurso.
Curiosamente en los documentos
de política sectorial como son el Plan Nacional de Desarrollo Minero, así como
el ya mencionado documento Colombia País Minero, Visión 2019, no se proporciona
una definición de lo que se entiende como aquella minería que asegura el mejor aprovechamiento
del recurso. Por ejemplo, en este último documento se identifica la visión
sectorial como la idea fuerza de la acción pública a largo plazo y se dice,
“..en el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más
importantes del continente y habrá ampliado significativamente su participación
en la economía nacional”.
Hay que retrotraerse quizá al
Plan Nacional de Desarrollo (prosperidad para todos) para obtener lineamientos
más amplios al respecto cuando señala que “..las políticas sectoriales deben
fundamentarse en los principios de aumento de la productividad con criterio de
sostenibilidad y de eficacia y de coordinación y complementariedad de la
gestión estatal” Pero además el PND establece que con el fin de cumplir con el mandato
constitucional, el proceso de desarrollo de Colombia debe sustentarse en la
articulación adecuada de sus dimensiones económica, social y ambiental. Dicha
articulación permitirá sentar las bases para avanzar hacia el desarrollo
sostenible, entendido como aquel “…que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
Consecuente con lo anterior, el
desarrollo sostenible debe forjarse en función de garantizar unas condiciones adecuadas
y seguras de calidad de vida de los habitantes y las condiciones propicias para
el crecimiento económico. Lo anterior implica integrar las consideraciones
ambientales y del riesgo en los procesos de planificación, de manera que se
promueva la adopción de modalidades sostenibles de producción y consumo, así
como la reducción del riesgo y, la prevención de la degradación ambiental.” Lo cual
abiertamente, el sistema de transporte y embarque de carbón de Drummond, no pareciesen
los de menor riesgo. Esto lleva a conjeturar que la acción del Estado como
administrador del recurso minero debe propender a una minería sostenible, es
decir, que genera bienestar económico, equidad social y sostenibilidad ambiental.
Por lo tanto el fin último de la planificación no debiera ser el mero
crecimiento minero, sino el de una minería sostenible.
De forma muy genérica podríamos
concluir que la sostenibilidad en la locomotora minera, como de cualquier de
ellas, depende de la capacidad que esta tienen para promover el crecimiento
sectorial generando y distribuyendo de forma equitativa las rentas del
crecimiento, conservando una razonable equilibrio-territorial, propendiendo a
la equidad sociales, en un contextos general de gobernabilidad.
Ya parte de ese camino se ha
recorrido, con la propuesta del nuevo sistema general de regalías, que en el
papel busca una mayor distribución. Lo que aún no se ha recorrido, y el sector
ambiental sigue esperando, es que en el proceso de planeación sectorial, la
variable ambiental se tome como elemento de decisión. Si se contase para los
grandes proyectos con evaluaciones estratégicas o estudios de riesgos de
sostenibilidad, muy seguramente, en nuestra planeación indicativa se generarían
lineamientos que prevean que el desarrollo minero, evite o reduzca algunos riesgos
previsibles, tanto, para el tema socioeconómico, como ambiental. Esto no garantiza
que no existan efectos o impactos, pero sí que existan mejores decisiones que
sopesen riesgos y aumenten las condiciones de sostenibilidad.
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