Afra Raymond: Three myths about corruption

A raíz del deshonroso primer puesto de Colombia en América, como el país mas corrupto. según  USAID

Imagen 21 de Febrero

Los resultados del denominado gasto social: un elemento ausente del debate público

Sí algún Colombiano revisa los distintos informes de ejecución en los tres niveles de gobierno, encuentra que nuestro país, es un territorio es altamente social. El porcentaje promedio en la composición del presupuesto tiene como referente entre el 55-60%. Esto indicia que el 55%-60% del presupuesto está dirigido al gasto público social.

Sin embargo, este dato al convertirse en información muestra que este porcentaje del presupuesto, parece insuficiente, cuando se observan datos sociales como por ejemplo, (según cifras consultadas en fuentes como el DANE y algunos estudios académicos), en Colombia hay 2.500.000 familias sin viviendas, la población rural tiene tasas de cobertura en APSB por debajo del 60%, la continuidad del servicio de agua potable en los centros urbanos no supera en promedio las 12 horas de 24 horas, la tasa de embarazos en adolescente está por encima del 15% (la segunda más alta de Suramérica), la inversión en ciencia y tecnología es del 0,47% del PIB (la tercera más baja de Suramérica), la cobertura en salud es en promedio del 80% (incluido régimen subsidiado y no subsidiado), en educación superior la cobertura promedio es del 22%, en básica primaria es del 92% y en secundaria alcanza al 90%.

Sobre las cifras en nuestro país, existen reparos y dudas, debido a las grandes asimetrías que existen. Por lo tanto, nuestra intención con referencia los anteriores datos, no es el de hacer un informe de evaluación sobre resultados, pero si queremos indagar primariamente, en la relación gestión pública y gasto social.

En los informes que se han publicado por algunos sectores productivos y la OCDE, surge un elemento transversal en la relación gestión pública y gasto social. Este se refiere a que el consumo de recursos en programas aumentando y aparentemente los avances en resultados no han sido proporcionales. Por ejemplo gran parte de la educación pública, tiene la categoría de gasto social. Sin embargo, una y otra vez, los exámenes nacionales e internacionales muestran que los niños asisten a las escuelas colombianas durante ocho y diez años y, al final, no saben leer y no pueden realizar las operaciones matemáticas más elementales.

Aumentar el gasto social, sin ninguna precisión sobre su contenido y su calidad, hace parte del discurso de muchas personas que se proclaman dotadas de sensibilidad social. Al respecto consideramos, que bajo esta consigna en los 1102 municipios y 32 Departamentos del país, se destinan más del 55% de su presupuesto, al llamado gasto social (aquí hay que considerar los mandatos normativos que exige el SGP).

La Constitución de 1991, con las mejores intenciones, protege únicamente el monto del gasto social. Nada dice de los resultados exigidos de dicho gasto. Pero los gastos que sostienen a un sistema escolar que no educa, o un sistema de servicios públicos que no entrega bienes y servicios con calidad; es difícil que se reduzcan las brechas entre los pobres y los ricos. Desde hace varias décadas, a partir de los trabajos de Marcelo Selowsky en 1979, se ha comprobado, una y otra vez, que muchos de los subsidios que hacen parte del gasto público social no llegan a los pobres, aquí cobra importancia la intención del gobierno nacional de concentrarse en controlar la entrega de los bienes y servicios.

Ahora, si cualquiera hace un recorrido por el país, encuentra que la discusión sobre gasto social y resultados, están ausentes del debate público. Esta ausencia tiene a nuestro juicio tres elementos visibles: primero en las regiones, lastimosamente la discusión se concentra en el concreto de las obras y si el mandatario ejecutó o no ejecutó el presupuesto, pero nadie revisa la calidad y los resultados de las ejecutorias. Segundo, en los gobiernos locales y departamentales, existe una acefalia prominente a establecer resultados claros en sus ejecutorias y no existe medición alguna. Tercero, los sistemas de presupuesto no cumplen con tres objetivos: asignación eficiente de recursos, contribución al equilibrio fiscal e impulso de la eficiencia operativa en las agencias ejecutoras. Sin embargo, los actuales sistemas se caracterizan por la asignación del presupuesto con enfoque inercial, por centrarse principalmente en las instituciones e insumos y no en los servicios, y por el débil uso de la información de desempeño en la toma de decisiones, principalmente aquella generada por el seguimiento y la evaluación.

Para llenar este vacío, se han presentado propuestas y sugerencias que insisten, además, en la necesidad de establecer un sistema de evaluación que muestre cuáles son los aciertos y cuáles son los programas sociales que no sirven para mejorar las perspectivas de los más pobres. El camino hacia la equidad exige que el gasto social no sea sólo un gasto más del presupuesto.

Algunas de estas propuestas, no son o reciben tanta publicidad en el concierto general del país, pero que vale la pena impulsar con mayor esfuerzo, algunos de estos esfuerzos son: Sinergia Territorial iniciativa de la dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas del DNP. CEDE de la universidad de los andes con su iniciativa de estudio de gastos público y equidad social en Colombia (CEDE, documento 09, Gasto público y movilidad y equidad social, Andrés Escobar y Mauricio Olivera).  BID, iniciativa de trabajo de presupuesto por resultado y calidad de vida (leer los documentos elaborados por Jaime Bonet y Juan Gonzalo Zapata).

Imagen 20 de Febrero

La contaminación está afectando el peso de bebés recién nacidos

En una reciente publicación de Environmental Health Perspectives, se presentó un trabajo que revisó más de tres millones de nacimientos en nueve países de todo el mundo. Este trabajo presenta evidencias de  una contaminación de partículas más finas que un cabello, que emiten los autos, algunas calefacciones y plantas generadoras de energía, que afecta a los neonatos.

Los niños que nacen bajos de peso tienen más riesgo a morir en el primer año. Si bien la mayoría sobrevive, éstos son más propensos a desarrollar enfermedades de alto riesgo -cardiovasculares y diabetes- al alcanzar la adultez.

El equipo de investigadores estudió los datos proporcionados por las agencias de contaminación en Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia. A partir de estas cifras estimaron la contaminación a la que pueden estar expuestas las embarazadas en cada región, lo que compararon con los registros de nacimientos.

Esta investigación determinó que hay una consistencia en los datos a nivel mundial que apuntan a que la relación entre el peso del recién nacido y la contaminación es directamente proporcional: a más exposición, menor es la media de peso en bebés. Lo que más me sorprendió de los resultados es la relación consistente entre la contaminación del aire de las partículas finas y el alto riesgo de nacer bajo de peso.

La mayoría de los habitantes del planeta están expuestos a los niveles de contaminación del estudio. Según el estudio, por cada incremento de 10 microgramos de partículas por metro cúbico hay un aumento del riesgo de entre el 3% y el 10%. Desde el punto de vista individual puede parecer una diferencia insignificante, pero cuando estamos hablando de una población expuesta, entonces se trata de un posible cambio general en el peso de neonatos, con un aumento en el número de bebes bajos de peso.

Lo realmente significativo de la investigación es que se trata de niveles de contaminación del aire a los que prácticamente todo el mundo está expuesto. En regiones como China, que tiene los niveles de contaminación más altos en el mundo, los partos se podrían estar viendo afectados.

La investigadora señaló que si bien se ha comprobado una relación entre el feto y la contaminación, todavía no se sabe con certeza cómo las partículas finas afectan al bebé. En el estudio se plantea esto se debe estrés oxidativo que afecta tanto a la madre como al feto. Este tipo de estrés se origina por un desequilibrio entre las especies reactivas al oxígeno y la capacidad del sistema biológico a desintoxicar esos reactivos con rapidez. Sin embargo el estudio advierte que esto es sólo una teoría que no ha sido probada. Así mismo se hace el llamado de atención para que se implementen regulaciones que busquen disminuir los niveles de contaminación en todo el mundo.

Sería interesante que el ministerio de Salud y el de Ambiente realizaran un estudio para Colombia, aprovechando que el actual Ministro Alejandro Gaviria, en el pasado realizó un completo estudio sobre la relación entre le bajo peso al nacer y las condiciones económicas de los padres. ¿Además de la edad y la nutrición, como la contaminación  está afectando la variable de bajo peso al nacer en Colombia?

El estudio puede descargarse del siguiente Link: http://ehp03.niehs.nih.gov/

Nota: esta nota de reflexión ha sido elaborada a partir del documental presentado en la pagina http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/02/130206_salud_contaminacion_bebes_gtg.shtml

Imagen 19 de Febrero

VUELVE Y JUEGA; parte III

Estimados amigos, podremos parecer mono temáticos, pero consideramos oportuno seguir haciendo parte de un activismo, que su único interés es generar información para que se debata a profundidad el tema del desarrollo sostenible del país, incluido los instrumentos y reglas de juego. 

Ayer lo manifestamos en nuestra nota, al referirnos a un boom mediático, que se basa en un análisis operativo que cae en imprecisiones. Hoy las paginas del espectador vuelve hacerle eco a la situación, por lo que tomamos la decisión de reproducir un artículo escrito por Cesar Rodríguez en el diario el espectador del 19 de Febrero de 2013.

Soprende la desinformación del ministro de Agricultura y de influyentes periodistas como María Isabel Rueda y Felipe Zuleta sobre lo que pasa en los territorios de comunidades indígenas y negras. Y son francamente alucinantes las propuestas que surgen de semejante desconocimiento, como la de hacer por internet las consultas con estas comunidades, que lanzó el ministro Restrepo sin reparar en que muchas de ellas no tienen ni electricidad. De modo que, para mejorar las consultas, hay que seguir despejando los mitos sobre ellas.   

 Primero, no es cierto que el Estado esté “semiparalizado” por culpa de las comunidades étnicas. Lo que hay es una parálisis interna del mismo gobierno. Por descoordinación entre el Ministerio de Minas y el del Interior se han desperdiciado los dos años que dio la Corte Constitucional para consultar el nuevo Código Minero. Por la constante rotación de funcionarios se despilfarró la experiencia de la consulta del decreto ley sobre víctimas indígenas, que mostró que es posible lograr acuerdos cuando se hacen bien las consultas. Por incompetencia o falta de voluntad política, los gobiernos llevan 15 años sin profesionalizar los procesos de consulta, desde que la Corte hizo las primeras advertencias en el caso de la construcción de la represa de Urrá, que dejó al pueblo embera katío al borde del colapso. 

 Segundo, es falso que haya corrupción generalizada. Quienes hemos estudiado consultas por todo el país, sabemos que las organizaciones étnicas representativas (ONIC, CRIC, PCN, Cimarrón y otras) nunca han entrado en el juego del clientelismo. Y que éste ha sido alimentado desde los mismos gobiernos, que con frecuencia prefirieron la vía rápida de los favores a líderes corruptos, como algunos miembros de la antigua Alta Consultiva de Comunidades Negras.     Esa ha sido también la lógica de las empresas en la consulta: negociar el precio del consentimiento. Un ejemplo entre muchos: quienes señalan a las comunidades étnicas de chantaje olvidan la reciente denuncia de expertos como el exministro Manuel Rodríguez, que indicaron que Cerrejón andaría prometiendo chivos y obras públicas a cambio de la firma de los wayuu a favor de la desviación del río Ranchería, para explotar carbón bajo su lecho.

Tercero, ha hecho carrera el mito de que indígenas y afros exigen suculentos viáticos y almuerzos, y pagos para costosos asesores externos. La realidad es muy otra, como lo habrían visto los periodistas si hubieran asistido a una reunión de consulta. Si no quisieran salir de Bogotá, podrían acercarse a los modestos hoteles del centro capitalino donde se hacen las consultas de leyes, para corroborar que lo que predomina es el sancocho, y que los pueblos étnicos trabajan con las uñas o con asesores voluntarios o temporales, que contrastan con la plantilla de abogados de ministerios y empresas.     Pero tal vez la imprecisión más injusta es que las consultas oponen el “interés privado” de los pueblos étnicos al interés público. Todo lo contrario: si no fuera por la consulta, el interés público de la preservación del medio ambiente hace rato habría sucumbido al interés privado de empresas como la Drummond, con los efectos que están saliendo a flote, literalmente, en la bahía de Santa Marta.     Ante la falta de regulaciones ambientales y culturales serias, la consulta ha sido el único riel para la locomotora minera. En lugar de desmontarlo con propuestas disparatadas, hay que fortalecerlo con protocolos claros, presupuesto adecuado y funcionarios especializados que apliquen, por fin, la Constitución, los tratados y los fallos judiciales.

Imagen 17 de febrero

La necesidad de un análisis institucional más estructural y proclive a gobernar bienes comunes

Mas allá del accidente de Drummond, han emergido problemas como: los Ciruelos, los retrasos en las obras de infraestructura, eficacia de los parques naturales (Santurbán), las denuncias de corrupción en la ANLA para el trámite de licencias, problemas de abastecimiento y calidad del agua en muchos centros poblados del país.

A nuestro juicio, se ha venido dando un sistemático y continuo despliegue publicitario sobre la crisis de la institucionalidad ambiental. Decimos que publicitario, porque en realidad de fondo no se ha dado ningún pronunciamiento oficial, lo que se ha vivido son posiciones mediáticas del ministro u otros funcionarios, así como decenas de columnistas y editoriales.

Lo que reconocemos al boom publicitario, es que ha sacado de las profundidades problemas existentes, dándonos la excusa para hablar de lo realmente importante. Y en este caso hay varios asuntos para discutir.

Lo que está en el fondo de esto, es que existe una crisis que demanda de un ajuste en el arreglo institucional del país, donde se fijen la reglas claras de cómo nos queremos desarrollarnos y còmo queremos conservar y proteger, lo que realmente consideremos los colombianos que vale la pena mantener.

De acuerdo con las declaraciones en varios medios, del Ministro del ramo, pareciese que el Gobierno ha centrado su análisis en el nivel que puede denominarse “nivel operativo”. Es decir se busca mejorar el arreglo institucional a través de: modificar las consultas previas (pero nadie sabe que se quiere modificar), modificar el proceso de licencias ambientales (públicamente sabe qué y cómo), modificar las CAR, desmontar la ANLA.

Hacer este análisis en el nivel operativo, no debe ser el centro de la acción, dada la complejidad de la situación se requiere integrar otros dos niveles más de análisis que son el de elección normativa o constitucional y el nivel de elección colectiva. La integración de otros niveles de análisis, son necesarios, por cuanto:

Primero, se supone que el nivel de análisis operativo tanto las reglas del juego como las restricciones físicas y tecnológicas, están dadas y no se modificarán durante un lapso de tiempo. Lo cual no es real, porque  en nuestro arreglo institucional ocurre todo lo contrario, para ejemplificar mírese lo siguiente: La legislación, pese a lo volátil, ha sido bastante clara: el Decreto 3083 de 2007 exigía que a partir de julio de 2010 todos los puertos marítimos del país debían aplicar el cargue directo, asunto que fue modificado, por el incumplimiento, hasta el 1° de enero de 2014, si se cumplían los requisitos de que habla la Ley 1450 de 2011. Lo anterior muestra como las reglas de juego han ido variando.

Segundo, este tipo de análisis parece pasar por debajo de la mesa, un cuello de botella estructural en la problemática, y es que las acciones colectivas son fácilmente influenciables por los individuos en su proceso de racionalidad y elección. Esto nos indica que los individuos extraen un recurso de un sistema natural, convirtiéndolos en productos transados en un mercado imperfecto, que no retorna el real valor de lo extraído. Aquí emerge el problema de la apropiación y provisión de bienes, que de alguna manera se intentan regular y es allí donde se requiere mirar los otros dos niveles de análisis. Por ejemplo en el caso Drummond, las reglas de juego no pudieron lograr que la racionalidad y elección de la empresa, los condujera a darle cumplimiento Decreto 3083 de 2007. En su racionalidad la empresa logró persuadir al estado para que el plazo de julio de 2010, fuese prorrogado a 2014. Al analizar esta situación en un sistema de racionalidad reglada, se evidencia una capacidad de persuadir por casi 7 años una regla fijada para superar barreras tecnológicas y reducir los riesgos. Esto muestra que no solo existen disfuncionalidad en la instrumentación, si no que  existe a nivel de políticas, de administración y de interpretación normativa.

Tercero. Al respecto nos preguntamos, cómo en un estado donde existe el libre mercado, el Gobierno en los procesos de grandes proyectos de infraestructura, indispensable para el desarrollo del país, los concesiona dejando en la libertad a la racionalidad del individuo, para que tramite licencias ambientales y gestione predios. En la lógica del mercado prima la racionalidad del menor esfuerzo al menor costo, con los más altos rendimientos (Eso no es un pecado ni un delito, negocio es negocio). Por eso hoy día el tramo 1 de la ruta del sol la doble calzada Cali-Buenaventura, están retrasados.

Cuarto al analizar la situación de manera operativa, el gobierno supone que la tecnología  y las reglas institucionales son conocidas y estables (lo cual no es cierto). Sin embargo la tecnología como las reglas están sujetas a cambios a lo largo del tiempo. Mírese ejemplo del Decreto 3083. O mírese todos los cambios que ha sufrido el proceso de licenciamiento, desde la ley 99, pasando por el decreto 1753 y terminado en el Decreto 2820.

Por lo tanto, el análisis y las acciones que se tomen en esta materia, deben provenir de un juicioso estudio del arreglo institucional (que involucre los tres niveles) y no sobre el análisis particular de decisiones operativas como un conjunto de reglas. Se requiere tomarse en serio el diseño institucional del ajuste del sector y es ahí donde el Estado cumple su papel.

Este planteamiento nuestro no es un capricho de ambientalistas (como lo plantean algunos columnistas como Felipe Zuleta, en su columna del domingo 16 de febrero), el mismo gremio minero por ejemplo a través de Claudia Jiménez, planteo en el diario el tiempo la semana anterior, que lo que falta en el sector minero es más institucionalidad. Mayor coordinación en el Gobierno, ya que, dice, los ministerios no hablan siempre en el mismo sentido. Faltan lineamientos más específicos, políticas más sólidas, en fin, más definición e implementación de una minería realmente responsable. ¿Se podrá?

Por más riqueza que le aporten a este país, el medio ambiente no se puede dejar a la buena voluntad de los privados. El Estado debe fortalecerse. El Gobierno no tiene por qué temerle a una multinacional a la hora de hacerla responder. Ni esperar a que exista un escándalo mediático para mostrarse fuerte. Ese no puede ser el sentido de las cosas.

Creemos que en este caso es muy útil el legado dejado por la profesora Elinor Orstrom, se requieren un diseño institucional más proclive a gobernar bienes comunes en un entorno de libre mercado