viernes, 25 de enero de 2013
COLOMBIA EN LA OECD; una oportunidad para que en la agenda publica, lo ambiental sea un tema considerado
El
señor presidente de nuestro País, ayer hizo una flamante declaración, sobre las
posibilidades que tiene Colombia para ingresar al OECD. Sobre este hecho
queremos realizar nuestra referencia de hoy. En el diario el Espectador se hace
la siguiente reseña:
Colombia
está entre los primeros en la lista para ser miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD),
dijo el presidente, Juan Manuel Santos. “Luego de más de dos años de intenso y serio trabajo estamos dentro de los
primeros en la lista para ser invitados a hacer parte de esta importante
organización internacional”, afirmó el mandatario en un comunicado de prensa en
el saludo anual al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, El jefe de Estado
indicó que la “aproximación a esta organización a la que hemos llamado ‘el
club de las buenas prácticas’ —y a la que aspiramos ingresar—
nos está ayudando a mejorar nuestra gobernabilidad y nuestras instituciones, y
nos permitirá escalar en los estándares internacionales de eficiencia y
competitividad”. Se espera que el
escenario de la OECD le
traiga beneficios al país, setenció Santos.
“Hemos hecho un arduo trabajo en todas las entidades y —como lo reconocen en la misma
Organización— pocos países que buscan su acceso han avanzado tan rápido en tan
corto tiempo”, explicó el mandatario de los colombianos en el comunicado de
prensa de la Casa de Nariño. Finalmente, el presidente
Santos dijo que
“los resultados ya se ven: el sábado pasado Colombia se convirtió en el miembro
número 40 de la Convención
Anti-soborno de la OECD, con lo que nos comprometimos a poner
en práctica y mantener las más estrictas medidas contra la corrupción”.
Ante estas declaraciones,
aplaudimos las palabras del señor presidente, sin embargo en días pasados de
desde esta tribunas, alertamos al sector ambiental, para que se tomara a la
OECD como un aliado para que este gobierno, incluyera realmente la dimensión ambiental
en sus procesos de decisión y de política pública. El llamado es para que lo
ambiental se maneje con menos hipocresía pública (en contexto conceptual de la
filosofa política Shaktal).
Volvemos a insistir y llamar la
atención que un elemento que puede
facilitar estos procesos de toma de decisión, con mejor valoración de los
riesgos de sostenibilidad; es la Evaluación Ambiental Estratégica. Hace unos
años esta herramienta, inicio con fuerza en el país, sin embargo, ha perdido fuerza por cuenta de
pseudos técnicos, quienes la consideran como
un paso más, de carácter complejizador, que demora las tomas de decisión y las ejecuciones.
Si la EAE tuviese esa
característica distorsionante, la OCDE con quién Colombia quiere hacerse
miembro; no tuviera a este instrumento como eje fundamental en los procesos de
políticas públicas. Dicho de esta manera habrá que crear una cruzada para que
la OCDE presione al país, a reducir la hipocresía pública frente a lo ambiental.
Por último, recomendamos
revisar el documento: la mejor Orinoquia,
que podemos construir. Dirigido por Manuel Rodríguez Becerra. Lo pueden
descargar en el siguiente Link: http://t.co/juoJIpwO
jueves, 24 de enero de 2013
PERCAPITA, CALIDAD y DISTRIBUCIÓN; un nuevo reto para la política pública en educación
En
recientes editoriales de diarios del país, se han destinado hojas y tinta, a
plantear el problema de la calidad en la educación. Son muchos los factores que
desde distintos ángulos se han planteado, por ejemplo, ayer el diario El Tiempo,
publicó un artículo que muestra la baja capacidad de comprensión de lectura de
los niños y jóvenes Colombianos, y a esto si se le suma la baja frecuencia de
lectura, el escenario se complejiza.
No
es de negar que muchos gobiernos se jactan y muestran como gran resultado el
aumento de la cobertura, es decir más cupos escolares, pero muy pocos se
preocupan por jactarse de trabajar, de manera seria y concienzuda, en la
calidad de la educación que se imparte. Tal vez, la apuesta que se hace en la
gobernación de Antioquia, parece caminar sobre los preceptos de acciones públicas
modernas en materia de educación, donde no es suficiente el volumen, si no la
calidad de educación, y a ello le agrega la pertinencia en formación del capital
humano, en relación a las demandas y potencialidades del territorio.
Académicos
como Helmsing, han planteado la necesidad de formular políticas públicas de
tercera generación, en donde la creación de valor público, debe abordar la
calidad y la pertinencia del servicio o producto que se entrega. Esto es en
palabras más, palabras menos; que se deben formular políticas públicas con
acento, es decir, focalizadas en territorios o zonas que requieren de un mayor
accionar, para generar equidad y cierre de brechas
Si
combinamos el tema de política pública y los problemas del sector educación,
llegaremos a la misma conclusión, se necesitan mejorar las políticas educativas
del país. Sin embargo, queremos compartir algunos elementos que hemos recogido
de un interesante estudio que se realizó por estudiantes de Harvard y Stanfod,
quienes midieron los resultados de calidad académica en estudiantes de escuelas
públicas de más de 15 países en el mundo, incluido Estados Unidos. (The Hidden Supply of High-Achieving, Low Income Students. Caroline M. Hoxby, Christopher Avery)
Para
nosotros, el principal mensaje de este estudio, es que los estudiantes de
escuelas públicas que obtienen mayores resultados, no corresponde a cualquier colegio o universidad. Estos centro
educativos tiene la particularidad de estar en pequeñas poblaciones y o tienen
una masa crítica de estudiante. Son colegios o escuelas donde el número de
estudiantes no superan 15 alumnos por aula y por facilidades computacionales. Frente
al tema de universidades el resultado es similar. En Colombia, principalmente e
nuestras regiones están de moda, los Megacolegios, donde la población educativa
es grande y con percapitas de 35 estudiante por aulas.
Este
estudio muestra algo que en los corrillos y pasillos del gremio educativo, se
sabe. El anterior rector de la Universidad Nacional (Moises Wasserman), tuvo
esta visión e impulso a la descentralización de la Nacional, a las regiones de Colombia,
para aumentar cobertura, pero invirtiéndoles a llevar el mismo esquema de
calidad de dicha alma matter. Propuesta que no es descabellada, si se mira el
acceso y la calidad de la educación superior en la regiones de Colombia y la
calidad.
La
discusión en Colombia es como resolver el tema, calidad vs disponibilidad de
recursos financieros. Finalmente se requieren políticas que sean eficaces en depender
menos de la concentración geográfica de los alumnos de alto rendimiento. Es decir
debemos transitar hacia políticas con acentos en las regiones para que podamos
cerrar brechas.
miércoles, 23 de enero de 2013
RESEÑA MES DE FEBRERO
CEIURBANO, quiere compartir espacios académicos virtuales, por tal motivo, todos los últimos miércoles de cada mes, se subirán al Blog, reseñas de libros que se consideren interesantes de divulgar.
TITULO DEL LIBRO:
Gestión estratégica para el sector público; del pensamiento estratégico al
cambio organizacional,
Autor:
David Arellano
Editorial:
FCE.2004. 262 p
Idioma:
Español
Esta reseña es compartida por Katia Marina Herrera Sosa. Como abre bocas, este texto es tal vez,
de los escritos más sugerentes que pueden existir en el mercado literario, por
cuanto el Autor hace un recorrido conceptual y luego expone una propuesta de
cambio a partir de la estrategia. Para todos aquellos que están interesados en
el tema del cambio organizacional en el sector público, es un texto de obligada
lectura.
La experiencia histórica ha
demostrado que propiciar cambios dentro de organizaciones según una dirección y
objetivos concretos siempre ha representado un reto y una tarea complicados.
Este tipo de problemáticas se profundizan en sociedades heterogéneas como las
latinoamericanas. En muchos casos, la idiosincrasia vuelve ineficaces las herramientas
disponibles de cambio organizacional utilizadas con éxito en otros países.
Por su parte, el pensamiento
estratégico ha sido tratado desde hace siglos, especialmente en el rubro
militar, y actualmente se incorpora como un elemento importante para incidir
sobre las organizaciones, sector público, David Arellano le da cuerpo a un
enfoque con base en la estrategia, capaz de aplicarse a sociedades heterogéneas
como las nuestras.
En esta obra, el autor expone
de manera clara y ordenada el proceso de gestión estratégica y sus aplicaciones
dentro del sector público. El trabajo de David Arellano nos permite encontrar
una respuesta efectiva a la pregunta de cómo incidir en las organizaciones gubernamentales
para lograr transformaciones de acuerdo con ciertos objetivos, si éstas son
complejas y están formadas por relaciones sociales de intencionalidad y
racionalidad ambigua, poder e interpretación entre grupos e individuos.
Partiendo de la complejidad
intrínseca de las organizaciones públicas, el autor sostiene que el enfoque de
gestión estratégica abre posibilidades para introducir objetivos racionales y
con orientación social dentro de las organizaciones que buscan generar transformaciones
en la realidad.
El autor inicia el desarrollo
de esta tesis exponiendo las razones por las cuales la estrategia es un enfoque
útil. Posteriormente, elabora un breve recuento histórico del desarrollo del
concepto de estrategia hasta llegar a sus expresiones más recientes dentro del
campo de las organizaciones. En este apartado, se plantea que el enfoque de
gestión estratégica es el más apropiado para el ámbito de la administración
pública. El resto del libro presenta de manera más específica el proceso de
gestión en sí.
El libro se divide en ocho
capítulos, a lo largo de los cuales se busca dar cuerpo al enfoque de gestión
estratégica. El
primer capítulo plantea la discusión en torno a la pertinencia del enfoque
estratégico. El
capítulo dos contiene un recuento de los principales enfoques históricos
mediante los cuales se ha elaborado la definición de estrategia: el militar, el
de planeación estratégica, el de administración estratégica y el de gestión
estratégica. El capítulo tres expone la primera parte del proceso de gestión
estratégica: la creación de la misión estratégica. El capítulo cinco establece
la importancia del proyecto de integración para la estrategia y los objetivos. El
capítulo sexto presenta la siguiente fase del proceso: la creación de los
objetivos estratégicos. El capítulo siete, a través de un diagnóstico para la
acción, busca encontrar las variables específicas y globales que se deberán modificar
para lograr los objetivos. El último capítulo se refiere a la etapa final del
proceso de la gestión estratégica: la implantación. La implantación de la
estrategia es la implantación de elementos mínimos para la acción.
LA DISCUSIÓN DE LO URBANO-REGIONAL: ¿un punto de encuentro entre Alcaldía y Gobernación?
En
recientes discusiones muy locales de la ciudad de Valledupar, en torno a
iniciativas urbanas para la ciudad, como lo son: el centro de convenciones y
centro cultural del vallenato, Pro Valledupar (esquema institucional de promoción
a la inversión), la recuperación de separadores viales con obras de artes. La discusión
ha generado opiniones divididas de la sociedad civil, así como ha puesto sobre
el tapete una suerte de desacoplamientos entre las visiones de gobierno, entre
lo que visiona la alcaldía de Valledupar y lo que observa la Gobernación del
Departamento.
Esto
supone un tema que merece debate lo Urbano-regional, frente la gobernabilidad y
ejecutorias de entes y agentes que no necesariamente tienen los mismos
intereses y visiones. Ahora quisimos indagar sí en el resto del país se viven
situaciones similares, en términos de gobernabilidad de iniciativas de dos
agentes, sobre un mismo territorio. El resultado es similar, sin embargo hay
que hacer la salvedad que en algunos casos cambia los agentes inmersos. Por ejemplo
Barranquilla y su área metropolitana, mantiene discusiones permanentes con
municipios vecinos, frente a la ocupación del suelo y visiones de expansión. En
el área metropolitana de Bucaramanga existen conflictos por temas de movilidad,
suscitada por la decisión de construir y operar el sistema de transporte masivo.
En Bogotá y la sabana, se ha suscitado discusiones entre la alcaldía de Bogotá
y la gobernación de Cundinamarca, frente a la relación ciudad – región.
Lo
anterior muestra que, la discusión en Valledupar, que aún es muy local, no es
exclusiva de esta latitud. Este debate es interesante por cuanto, en el
escenario se ciernen y confluyen visiones que no necesariamente dialoguen sobre
acciones en el territorio. De manera muy sugerente, sabemos que las diferencias
(si es que las hay) llegarán a feliz término. Consideramos que se debe empezar
a discutir en la visión del ámbito local-regional
y para evitar futuras confrontaciones. En aras de aportar a esa discusión, compartimos
algunos elementos que se deben reconocer, dado que afectan transversal,
horizontal y verticalmente el accionar sobre el territorio. Estos elementos de
reconocimiento subyacen de nuestra experiencia en discusiones como estas y a
partir de trabajos realizados por Sassen y Borja.
Primer
reconocimiento. El ámbito local-regional ha sido históricamente el de la
reproducción social (educación, sanidad, vivienda, etc.), hoy afectado por las
demandas ciudadanas, gremiales, que se multiplican, hoy no solo se demanda
cobertura, si no que se requiere calidad, para crear condiciones de
competitividad. Los poderes locales y regionales deben reorientar sus funciones
hacia la “producción social” puesto que la “competitividad” del territorio
corresponde a esta escala más que a la del “estado-nación”. Pero que no
disponen de las competencias y recursos para ello, por tal motivo, se debe
maximizar la disponibilidad de estos, y evitar las distorsiones. (por ejemplo véase
el macroproyecto urbano regional del aeropuerto El Dorado).
Segundo
reconocimiento. la sociedad urbana se ha hecho más compleja, más
individualizada y más heterogénea. Las clases sociales de la época agrícola y
ganadera (que fue por muchos años, la clase primante) se han fragmentado, los
grupos sociales en Valledupar se definen en función de criterios múltiples (territoriales,
culturales, etc., además de su relación con la producción), la autonomía del individuo
se ha multiplicado. Los comportamientos urbanos se han diversificado (en los
tiempos, movilidades, relaciones sociales, etc.) y por lo tanto también las
demandas. De esta manera, las políticas urbanas hoy no pueden ser simplemente de
“oferta” masiva dirigida a grandes colectivos supuestamente homogéneos.
Tercer
reconocimiento. La gobernabilidad de los territorios urbano-regionales se
convierte en un difícil desafío. Especialmente difícil debido a los factores citados
que ahora resumimos:
i.
La multidimensionalidad del territorio urbano-regional (centros, periferias,
red incompleta de geometría variable de ciudades medias y pequeñas,
urbanización difusa, enclaves y hábitat marginal, etc.).
ii.
Las potentes dinámicas privadas de ocupación de suelo. Por ejemplo, el boom
inmobiliario del norte de la ciudad, en los últimos 10 años la urbanización del
suelo se ha multiplicado por dos.
iii.
La nueva complejidad de la sociedad urbana y la diversidad de sus demandas y de
sus comportamientos (movilidad, esparcimiento, bienes públicos locales).
v.
La fuerza económica y a veces legal de las iniciativas privadas o de entes
públicos sectoriales a la hora de definir o modificar grandes proyectos
sectoriales sobre el territorio. La gobernabilidad de estos territorios exige
una capacidad de innovación política que el marco institucional obstaculiza y
que la deficiente representatividad de los partidos, difícilmente supera.
martes, 22 de enero de 2013
Y EL DNP QUÉ?; SEGÚN ADOLFO MEISSEL
La presente nota, es compartida por el blog, Rincón de
Dublín. Se reproduce esta nota, en aras de continuar reflexionando sobre temas de gobierno y planeación.
20 años después de la constitución de
1991, el diseño institucional más importante que ha vivido este país
se tuvo la esperanza que el escenario de la planificación como
estadio necesario e importante para la gestión pública iba ser
mejor, máxime cuando se le otorgaba al DNP el carácter de
Superministerio.
La situación dos décadas después no se será mejora o peor, cada quien saque sus conclusiones y realice sus análisis. Para este efecto les comparto el siguiente artículo escrito por Adolfo Meissel, publicado en el espectador del pasado sábado 5 de Enero:
EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE
planeación (DNP) se estableció en 1958, cuando en el Tercer Mundo las agencias
multilaterales promovían la orientación centralizada de la estrategia nacional
de desarrollo. Un complemento de esa entidad fueron los planes decenales de
desarrollo económico que por esa época empezaron. Ese impulso contó con la
asesoría del economista Lauchlin Currie, formado en la Universidad de Harvard y
que se estableció en Colombia escampando del macartismo.
En términos del pensamiento
económico Currie fue un keynesiano cercano a la ortodoxia de la época. Se
identificaba también con la idea de que un puñado de “iluminados”, con
excelente formación en teoría económica en las buenas universidades del exterior
y del país, podían definir con bastante éxito la senda que deberían seguir las
inversiones públicas y los incentivos a la inversión privada, para transitar
hacia el crecimiento dinámico sostenido. Ese ha sido desde entonces el dogma
que ha orientado la planeación en Colombia.
Hoy, 55 años después de la
creación del DNP, algunos analistas creen que ha llegado la hora de eliminarlo:
las economías capitalistas más dinámicas no cuentan con este tipo de
organismos, donde se centraliza casi toda la capacidad decisoria en materia de
inversión pública. Otros, menos radicales, consideran que no debe seguir
funcionado solo como especie de guardián central de la calidad de la inversión
pública, en un país en el cual las regiones han ido obteniendo una mayor participación
en el manejo económico y político. Por lo tanto, piensan que ha llegado la hora
de reformar la estructura y funciones del DNP para que esté acorde con el
espíritu de la Constitución de 1991 y la Colombia del siglo XXI.
Paradójicamente, una de las primeras
cosas que habría que hacer al reformar el DNP es retomar el espíritu inicial
que tuvo cuando se creó, que era pensar en las grandes estrategias de
desarrollo económico para el país. Esto se ha perdido con el paso de los años,
pues el día a día de sus funciones absorbe las energías y el tiempo de sus
funcionarios. No hay en su actual estructura una unidad o división dedicada al
análisis de las grandes estrategias del crecimiento económico en el largo
plazo. Esto sucede, además, en un país donde no hay carreteras, porque el
Estado no tiene la capacidad institucional para adelantar obras de
infraestructura pública de manera eficiente. Valdría la pena retomar las
lecciones del recientemente fallecido Albert O. Hirschman (1915-2012), quien en
su clásico La estrategia del desarrollo económico enfatizó el problema de la
falta de capacidad decisoria como uno de los grandes problemas de los países
con una débil institucionalidad. También valdría la pena tener en cuenta el
interés de Hirschman por entender las políticas que empoderan a la población
para participar de manera activa en la actividad pública. Esto a propósito de
la necesidad de hacer una planeación más acorde con la naturaleza
territorialmente heterogénea de nuestra economía. ¿Por qué debe estar todo el
DNP en Bogotá? ¿Por qué razón no se toma una actitud más proactiva con el
desarrollo regional? En esto último la experiencia del Brasil, con la creación
de la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste , en 1959, para acelerar
el crecimiento del Nordeste, es un ejemplo de un caso muy exitoso de promoción
de una zona específica del país. Allí un nordestino, Celso Furtado, dirigió la
estrategia del Brasil para su región rezagada. Es decir, todos remando para el
mismo lado y no como sucede ahora con el DNP: allá los cachacos y en la selva
los demás.
lunes, 21 de enero de 2013
TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A CAMBIAR DE POSICIONES
Desde estas tribunas queremos reconocer
la admiración que tenemos del Dr. Fernando Carrillo, por su gran conocimiento y
estudio de la constitución de 1991; tal vez de los pocos Colombianos, que han
hecho análisis del diseño institucional.
Sin embargo, hoy día como
Ministro, muestra hechos y elementos que parecen alejarlo de los análisis que
ha realizado como catedrático y como otrora, columnista del Espectador.
En su última columna para el diario
el espectador, por allá en el 2011, el Dr. Carrillo discutió el activismo
judicial que ha caracterizado a la Corte Constitucional y nos invita a pensar
acerca de “(…) por qué han sido inferiores los roles que han desempeñado el
Ejecutivo y el Legislativo en la construcción de una política social cuya
brújula —en los temas más complejos de nuestra realidad— ha tenido que pasar
por una decisión de la Corte”.
Alguna inferioridad sí que la hay. En
los últimos datos disponibles la inequidad, medida a través del coeficiente de
Gini, es más alta que 1990 mientras que la informalidad, el desempleo y el número
de Colombianos en situación de pobreza han aumentado (esto en términos de número
de habitantes, lo cual es explicable que nuestra población a aumentando ostensiblemente
en las dos ultimas décadas), contrario a lo que soñaron los constituyentes hace
20 años.
Aceptemos, en el marco de estas
cifras y con el ánimo de desarrollar el saludable debate al que convido el Dr.
Carrillo, quién planteó que, el fracaso es atribuible a que dos de los tres
órganos del poder público han sido inferiores a los mandatos sociales de la
Carta. ¿Por qué? cabe preguntar ¿esta inferioridad en los órganos ejecutivo y
legislativo?. Creemos que, de aceptar la premisa, habría dos grandes familias
de explicaciones, tal y como lo planteo en algún momento el ex ministro Alberto
Carrasquilla.
La primera sería atribuible a la
misma Carta. En términos simples, en ella se habría concebido mal la
arquitectura institucional necesaria para asegurar el logro de sus propios
objetivos. En esta tesis, la Carta habría definido imperfectamente las reglas
que definen la conformación y el rol específico de los órganos ejecutivo y
legislativo; por ejemplo sus reglas electorales, la lógica de sus procesos
decisorios y la asignación de sus respectivas responsabilidades.
La segunda familia de explicaciones
se basaría en la idea de que la arquitectura institucional es plenamente
consistente con el logro de la equidad y demás objetivos sociales, pero es un
edificio que le ha quedado grande a los hombres y a las mujeres de carne y
hueso que lo hemos habitado durante estos 20 años.
Conteniendo granitos de verdad
indudable, ni la una ni la otra nos parecen plenamente convincentes. Sin embargo
lo que llama la atención es que el Dr.Carrillo, hoy es flamante Ministro de eso
que èl criticaba. Para nosotros no es convincente el argumento del hoy Ministro
por cuanto, nuestro diseño constitucional básico –un régimen presidencial con
separación de poderes, bicameralismo, régimen unitario descentralizado, reglas
electorales que enfatizan el respeto por las minorías—ha sido ensayado total o
parcialmente a lo largo y ancho del mundo, y ha demostrado ser perfectamente
consistente con el avance social y el progreso.
De otra parte, no es muy responsable
plantear que los ciudadanos, al amparo de una arquitectura institucional
estupenda, opten por elegir personas incapaces una y otra vez (que pensaran los
gobernadores y alcaldes, con los que hoy el ministro, hace gala de establecer
canales de comunicación directa). Un reiterado problema de selección adversa
hablaría muy mal del diseño mismo del proceso democrático colombiano y por ende
volvería a poner la responsabilidad del lado de la Constitución. Sin embargo
hoy el señor Ministro que criticaba esta segunda familia, plantea cosas que
contradicen su postulado. Algunos ejemplos de sus postulados: re-elección de Alcaldes
y Gobernadores, abolir la circunscripción electoral (tal vez para cerrarle el
paso a que Uribe se unja como jefe de la oposición desde el Congreso).
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