Mas allá del accidente de
Drummond, han emergido problemas como: los Ciruelos, los retrasos en las obras
de infraestructura, eficacia de los parques naturales (Santurbán), las
denuncias de corrupción en la ANLA para el trámite de licencias, problemas de
abastecimiento y calidad del agua en muchos centros poblados del país.
A nuestro juicio, se ha venido
dando un sistemático y continuo despliegue publicitario sobre la crisis de la institucionalidad
ambiental. Decimos que publicitario, porque en realidad de fondo no se ha dado ningún
pronunciamiento oficial, lo que se ha vivido son posiciones mediáticas del
ministro u otros funcionarios, así como decenas de columnistas y editoriales.
Lo que reconocemos al boom
publicitario, es que ha sacado de las profundidades problemas existentes, dándonos
la excusa para hablar de lo realmente importante. Y en este caso hay varios
asuntos para discutir.
Lo que está en el fondo de
esto, es que existe una crisis que demanda de un ajuste en el arreglo
institucional del país, donde se fijen la reglas claras de cómo nos queremos
desarrollarnos y còmo queremos conservar y proteger, lo que realmente
consideremos los colombianos que vale la pena mantener.
De acuerdo con las
declaraciones en varios medios, del Ministro del ramo, pareciese que el
Gobierno ha centrado su análisis en el nivel que puede denominarse “nivel operativo”.
Es decir se busca mejorar el arreglo institucional a través de: modificar las
consultas previas (pero nadie sabe que se quiere modificar), modificar el
proceso de licencias ambientales (públicamente sabe qué y cómo), modificar las
CAR, desmontar la ANLA.
Hacer este análisis en el nivel
operativo, no debe ser el centro de la acción, dada la complejidad de la
situación se requiere integrar otros dos niveles más de análisis que son el de elección
normativa o constitucional y el nivel de elección colectiva. La integración de
otros niveles de análisis, son necesarios, por cuanto:
Primero, se supone que el nivel de
análisis operativo tanto las reglas del juego como las restricciones físicas y tecnológicas,
están dadas y no se modificarán durante un lapso de tiempo. Lo cual no es real,
porque en nuestro arreglo institucional
ocurre todo lo contrario, para ejemplificar mírese lo siguiente: La
legislación, pese a lo volátil, ha sido bastante clara: el Decreto 3083 de 2007
exigía que a partir de julio de 2010 todos los puertos marítimos del país
debían aplicar el cargue directo, asunto que fue modificado, por el
incumplimiento, hasta el 1° de enero de 2014, si se cumplían los requisitos de
que habla la Ley 1450 de 2011. Lo anterior muestra como las reglas de juego han
ido variando.
Segundo, este tipo de análisis parece
pasar por debajo de la mesa, un cuello de botella estructural en la problemática,
y es que las acciones colectivas son fácilmente influenciables por los
individuos en su proceso de racionalidad y elección. Esto nos indica que los
individuos extraen un recurso de un sistema natural, convirtiéndolos en
productos transados en un mercado imperfecto, que no retorna el real valor de
lo extraído. Aquí emerge el problema de la apropiación y provisión de bienes,
que de alguna manera se intentan regular y es allí donde se requiere mirar los
otros dos niveles de análisis. Por ejemplo en el caso Drummond, las reglas de juego
no pudieron lograr que la racionalidad y elección de la empresa, los condujera
a darle cumplimiento Decreto 3083 de 2007. En su racionalidad la empresa logró
persuadir al estado para que el plazo de julio de 2010, fuese prorrogado a
2014. Al analizar esta situación en un sistema de racionalidad reglada, se
evidencia una capacidad de persuadir por casi 7 años una regla fijada para
superar barreras tecnológicas y reducir los riesgos. Esto muestra que no solo
existen disfuncionalidad en la instrumentación, si no que existe a nivel de
políticas, de administración y de interpretación normativa.
Tercero. Al respecto nos preguntamos,
cómo en un estado donde existe el libre mercado, el Gobierno en los procesos de
grandes proyectos de infraestructura, indispensable para el desarrollo del país,
los concesiona dejando en la libertad a la racionalidad del individuo, para que
tramite licencias ambientales y gestione predios. En la lógica del mercado
prima la racionalidad del menor esfuerzo al menor costo, con los más altos
rendimientos (Eso no es un pecado ni un delito, negocio es negocio). Por eso
hoy día el tramo 1 de la ruta del sol la doble calzada Cali-Buenaventura, están
retrasados.
Cuarto al analizar la situación
de manera operativa, el gobierno supone que la tecnología y las reglas institucionales son conocidas y
estables (lo cual no es cierto). Sin embargo la tecnología como las reglas están
sujetas a cambios a lo largo del tiempo. Mírese ejemplo del Decreto 3083. O mírese
todos los cambios que ha sufrido el proceso de licenciamiento, desde la ley 99,
pasando por el decreto 1753 y terminado en el Decreto 2820.
Por lo tanto, el análisis y las
acciones que se tomen en esta materia, deben provenir de un juicioso estudio
del arreglo institucional (que involucre los tres niveles) y no sobre el análisis
particular de decisiones operativas como un conjunto de reglas. Se requiere
tomarse en serio el diseño institucional del ajuste del sector y es ahí donde el
Estado cumple su papel.
Este planteamiento nuestro no
es un capricho de ambientalistas (como lo plantean algunos columnistas como
Felipe Zuleta, en su columna del domingo 16 de febrero), el mismo gremio minero
por ejemplo a través de Claudia Jiménez, planteo en el diario el tiempo la
semana anterior, que lo que falta en el sector minero es más institucionalidad.
Mayor coordinación en el Gobierno, ya que, dice, los ministerios no hablan
siempre en el mismo sentido. Faltan lineamientos más específicos, políticas más
sólidas, en fin, más definición e implementación de una minería realmente
responsable. ¿Se podrá?
Por más riqueza que le aporten
a este país, el medio ambiente no se puede dejar a la buena voluntad de los
privados. El Estado debe fortalecerse. El Gobierno no tiene por qué temerle a
una multinacional a la hora de hacerla responder. Ni esperar a que exista un
escándalo mediático para mostrarse fuerte. Ese no puede ser el sentido de las
cosas.
Creemos que en este caso es muy
útil el legado dejado por la profesora Elinor Orstrom, se requieren un diseño
institucional más proclive a gobernar bienes comunes en un entorno de libre
mercado
No hay comentarios:
Publicar un comentario