Veemos con frecuencia como algunos reclaman con vehemencia en
sectores privilegiados que no se divulga ni reconoce la actuación del
presidente, acaldes y gobernadores, y que por el contrario, muchos nos
empeñamos en señalar solo las deficiencias, falencias y errores de la
administración. Esta es una discusión de nunca acabar, recientemente el presidente
con su alta consejera para el buen gobierno, reclaman que nadie reconoce lo que
hacen, por lo que la estrategia es aumentar la comunicación y sacar a los
ministros de sus despachos.
La verdad, resulta imposible
sacar un incensario para perfumar el cumplimiento del deber de los
funcionarios, cuando se sabe que gobiernan en mancomunidad con los intereses de
las casas políticas que hicieron posible su elección y en segundo plano las necesidades
de la comunidad. Esa es la práctica instituida en el territorio nacional, bajo
la mal llamada “gobernabilidad”, que no es otra cosa que el reparto equitativo
de puestos y contratos entre quienes apoyaron con maquinaria electoral el
triunfo político de éste o aquella. Reparto que no tiene relación alguna con lo
que define la ONU como tal: “Es la línea
más corta entre el Input (Demanda) de la sociedad y el Oouput (Resultado) del
gobierno”. En términos generales, es la capacidad para la continua adaptación
entre la regla y el acto, entre la regulación y sus resultados, entre la oferta
y la demanda de políticas públicas y servicios. La Gobernabilidad depende de la
Gobernanza, por ejemplo, del nivel de madurez en una sociedad organizada y su
capacidad para asumir responsabilidades compartidas en la implementación de
decisiones y en el arte de gobernar correctamente.
Si lo que conocemos en Colombia
es la tergiversación del concepto en beneficio de unos pocos y la sociedad no
está organizada ni asume responsabilidades, los periodistas, académicos y
ciudadanos, en todas sus formas, tenemos la obligación de señalar, con el ánimo
de que se corrijan, desviaciones, desgobierno y malversación de lo público,
puesto que es el patrimonio de los ciudadanos,
así les plazca o moleste a quienes los rodean. Es decir, no estamos
llamados a integrar la camarilla de áulicos, de sahumerio en mano, perfumando
sus acciones en cumplimiento del deber.
Lo público, pertenece a la
ciudadanía y está en el ámbito de la soberanía popular, y es deber de todos y
cada uno observar y denunciar lo que no conviene a la mayoría sino que favorece
a unos pocos, aún cuando la acción y el desembolso se presenten disfrazados de
desarrollo y progreso, que en esa jugada sí son expertos los clientelistas
electores, todos con su combo de “especialistas” ubicados en todas las oficinas
ministeriales, municipales y/o departamentales. No hay rincón de la
administración pública que los interés politiquero no hayan ocupado. Por tanto,
insisto, en que los gobiernos no pierdan su tiempo en insultando, ni hagan
comentarios torpes como “odias a” en el tropezón fortuito con quienes sólo
quieren estar cumpliendo su deber de ciudadanos y su rol de gobernado.
Nota escrita por: Lola Salcedo, periodista nacida en Barraquilla
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