Con cierto amago de burla o nervios, vemos como
hoy día la agenda pública de los gobiernos en Colombia tiene como elemento de
segunda mano, los temas relacionados con la preservación y los recursos naturales.
El pretexto utilizado es la inserción de conceptos que fungen como dogma de fe,
que invalidan o relegan los temas de protección y conservación de los recursos
naturales como elemento a considerar en las decisiones de agenda pública
gubernamental.
Por allá en los 70 y 80 se leía en todas las políticas,
planes y programas el termino progreso (una Colombia que progresa); luego
saltamos al concepto de desarrollo (por ejemplo, alianza para el cambio, para
lograr el desarrollo. un salto social hacia el desarrollo); luego hemos llegado
al concepto de prosperidad que tiene una clara relación de como visionan los
americanos (los republicanos – véase The path prosperity) el camino de su país.
En todos los casos el interés y el nivel de
compromisos frente a los temas relacionados con el KN, van disminuyendo como
efecto cascada en cada nivel de Gobierno. En la sociedad civil, hay más
activismo en redes sociales, que nuevos líderes; hoy vemos como Manuel Rodríguez,
Wilches Chaux, Alegría Fonseca, Julio Carrizosa, Guillermo Rudas, no han sido
rodeados por una masa crítica de colombianos que además de voces, tengan injerencia
política de presión (hay un partido verde, que de verde solo tiene el termino);
hasta el punto de irlos dejando solos en esta causa. ¿Por qué esta poca amplificación
de la dimensión ambiental en la agenda pública de los gobiernos? Son muchas la
razones, pero a partir de cada viernes semanalmente iremos desglosando cada una
de ellas, con la particularidad de hacerlo desde el punto de vista de asunto público,
es decir en una relación con la teoría institucional (neo y tradicional).
Nuestra mentalidad está acomodada a soportar el
costo que provocamos sobre la naturaleza, y lo vemos como natural, en aras del
progreso. Esta palabra, progreso, que hasta los años sesenta era muy utilizada,
fue reemplazada por el concepto de desarrollo. Mientras progreso aludía más a un
concepto de ir subiendo en una escala de bienestar puro, desarrollo parece
apuntar más a una evolución del bienestar, más cualitativa que
cuantitativamente.
Hoy en día se apunta más a hablar (se habla
demasiado y se hace poco) de desarrollo, pero la relación costo-beneficio
permanece en la mente de las personas, en el sentido de que, en tanto y en
cuanto logremos avanzar un paso en el desarrollo de nuestras sociedades, algún
costo se deberá pagar en términos de naturaleza o lo que es lo mismo, y peor,
en términos de futuro.
Por ejemplo, el político-académico-ecólogo J.L
Gamban en su libro “El Mito del Desarrollo Sustentable.”, plantea esta situación
bajo una interesante analogía con el efecto carretera. América Latina es un
área que recién en las dos últimas décadas se ha asomado a algunas muestras de
desarrollo, en todo caso desigual y siempre relativo. Podríamos denominar a
este caso, el síndrome de la carretera: todos tenemos en mente que las
carreteras son vías de transporte tan necesarias que ya nadie las discute. Las
carreteras permiten el tránsito de mercaderías y personas de un lugar a otro en
forma relativamente económica y rentable. Son un síndrome de progreso evidente.
Perdón, de desarrollo. En algún momento, en todos los países, alguna de esas
carreteras debe atravesar áreas selváticas, vírgenes, llenas de naturaleza, indispensables
para mantener el equilibrio ecológico. Inclusive a veces deben atravesar áreas
protegidas, es decir áreas que el mismo gobierno ha reservado para mantenerlas
sin ocupación humana ni la depredación que ésta conlleva. Es evidente que el
paso de una carretera atravesando por una zona virgen, destruirá la
biodiversidad tarde o temprano.
En lugar de animarnos a pensar un nuevo modelo de desarrollo y nuevos patrones de prosperidad, (como ven en nuestro léxico
incorporamos los dos términos de la moda actual) nos quedamos en la mera mención
sin acción, solo por curiosidad observe los últimos cuatro planes de desarrollo
de Colombia y analice el rol de la dimensión ambiental o de desarrollo sustentable
o sostenible, no pasa de una mención sin poca acción dentro de la agenda. El
concepto conocido de desarrollo y su impacto sobre la naturaleza, como
consecuencia indeseada pero inevitable, hace que pensemos en la relación
costo-beneficio como una ecuación inevitable y lineal (algunos con investiduras
de Rengifos, dicen por ahí: ¿Qué quieren? ¿Una minera sin impactos? Eso es
imposible y no existe, por ello los recursos hay que explotarlos, generando
prosperidad para todos). No hay nada escrito en el sentido de que no se pueda
generar un nuevo paradigma de desarrollo que tenga entre sus puntos de partida
la preservación de la naturaleza existente.
En estas circunstancias el entorno político se
encarga de polarizar llevándonos a la dicotomía: preservación o desarrollo = prosperidad
para todos. En este terreno se aplica
pasmosamente el principio democrático que las mayorías derrotan a las minorías,
es decir, unas pocas comunidades no pueden oponerse al beneficio de la mayoría de
colombianos. (Un buen ejemplo de ello son las controversia levantadas por la
Locomotora minera).
Hay una vida en los asuntos públicos mas allá de esta dicotomía. Sobre el tema de la dimensión ambiental
en los asuntos públicos hay mucho que decir y que desde la teoría institucional
(ya sea desde la escuela neo o la tradicional) se ha demostrado que no es un
asunto de animalitos, arbolitos o de ecólogos; es asunto crucial de política pública
hoy día, muy a pesar de lo que piensan algunos altos funcionarios públicos colombianos,
para quienes el tema es una onda novedosa (como: la ola verde de Mockus, el yoga, los mantras, esencias
y demás).
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